El retraso en los procesos para solicitar refugio en el país, que puede ser de más de seis meses, así como el incremento de las negativas a otorgar esta condición y la falta de personal en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Chiapas, también ocurre en otras sedes, como en la Ciudad de México, Coahuila, Baja California y Nuevo León, denunciaron directores de albergues y organizaciones civiles.

En entrevista, igualmente acusaron la opacidad en la que están las cifras de solicitudes de asilo, pues en lo que va del año la comisión no ha difundido públicamente estos datos, como solía hacerlo mes con mes en administraciones pasadas.

En el caso de Chiapas, uno de los motivos por los que salió la nueva caravana de migrantes desde Tapachula es el retraso en los trámites ante Comar. La situación fue advertida desde hace más de un mes por el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, el cual aseveró que la falta de recursos económicos en la institución ha llevado a una restructuración de sus oficinas y “ha provocado la reducción de personal operativo y de traducción”.

Además, sostuvo que han documentado, a través de testimonios, “presuntos actos de corrupción que involucran a personal de la Comar y redes de abogados particulares”.

El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, en Coahuila, señaló que si antes había demoras, “ahora están triplemente más lentos” y ha habido una disminución en los reconocimientos de la condición de refugiado, sin que haya un argumento fundado.

Explicó que aunque cada caso es particular, hay similitudes en cuanto al contexto de violencia que sufren las personas, y las peticiones a las que antes la Comar daba respuestas positivas, “ahora las está negando”.

Indicó que a raíz de ello han hecho impugnaciones, “porque son personas que no tienen la posibilidad de regresar”, además de que algunos de estos procesos duran más de un año, tiempo en el que no se les garantiza sus derechos básicos, como a un trabajo digno.

Luis Valencia, abogado de la Casa Nicolás, en Nuevo León, y el cura Pat Murphy, director de Casa del Migrante Tijuana, en Baja California, denunciaron que no hay titulares en las respectivas sedes de la Comar y el personal es escaso. Valencia señaló también que en las oficinas de Monterrey las personas que atienden no están sensibilizadas.