El Instituto Nacional Electoral (INE) debe tener herramientas del siglo XXI, para fiscalizar campañas (políticas) del siglo XXI, afirmó la consejera Carla Humphrey Jordan, al presentar un proyecto de reforma al reglamento de auditoría.

El plan es modernizar los mecanismos de vigilancia de los ingresos y gastos de partidos y candidatos, incluida una revisión de los modelos de riesgo. Por ejemplo, cómo y qué hacer frente a una persona políticamente relevante o cuando hay sospechas de lavado de dinero.

Aunque el objetivo es tener herramientas frente a las nuevas tendencias de propaganda, como la elaborada con inteligencia artificial, el proyecto –señaló– enfrenta resistencias internas y externas.

Es un tema importante y estamos otra vez frente a resistencias al cambio, incluso internas, en el propio instituto, comentó a La Jornada.

Sostuvo que es el momento oportuno para hacer esta modernización y ahondar sobre estrategias preventivas, más que correctivas.

El año entrante sólo habrá elecciones en Coahuila, de ahí que considera que es tiempo de planear la reforma al reglamento.

Si bien a finales de 2026 se iniciará el traslado rumbo a un proceso muy complejo, en 2027, tanto a nivel ordinario como extraordinario (otra vez habrá elección judicial), por ahora hay un margen de tiempo disponible para este tipo de adecuaciones.

Es así que resulta más riesgoso esperar a una reforma electoral y en qué términos se da; si la reforma toca el tema de fiscalización –agregó–, pues ya se harán las adecuaciones, pero es hora de abordar temas de comunicación, inteligencia artificial o de rapidez para conocer las transacciones de los sujetos obligados.

Humphrey ha insistido en modernizar distintos aspectos electorales, como la credencial para votar e incluso avanzar hacia un sufragio electrónico o por Internet.

Recientemente ha mencionado asuntos relevantes como los vacíos a los que se han enfrentado consejeros y magistrados relacionados con redes digitales y activos virtuales, entre otros aspectos tecnológicos como aplicaciones para captar aportaciones económicas.

En ese contexto, planeó además cambios para que el INE y México puedan solventar los compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero; en esta materia una opción sería avanzar hacia un esquema novedoso para identificar riesgos en los sujetos obligados, sobre todo los partidos políticos y sus proveedores. Es necesario tener mucho más claridad en las actividades vulnerables en las que pudieran incurrir, indicó.

En general, sostuvo, se debe modernizar el reglamento de fiscalización, porque todavía contiene, por ejemplo, vías de captación de recursos que ya nadie utiliza como el teléfono 01-800.

Humphrey subrayó que la fiscalización debe hacerse más rápida, con mejores herramientas y, sobre todo, esperando una mayor cooperación de las distintas autoridades (como las financieras).

El INE –y en general el país– debe cumplir con estándares de transparencia en operaciones, debida diligencia del cliente y otras maneras para atajar el lavado de dinero, aspectos a atender de cara a las campañas electorales.

Ha lugar para que en este momento podamos afinar y cumplir como INE pero también como parte del Estado mexicano en atajar la comisión de esos delitos y, por otro lado, tener mayor claridad y oportunidad en el registro de ingresos-egresos y el monto de cada una de las aportaciones, precisando también la forma en que pueden comprobar contribuciones, con qué documentación y en qué plazos, explicó.

En suma, explicó la consejera, se busca modernizar, transparentar y tener oportunidad de datos, de colaboración internacional e incluso interinstitucional. Asimismo, avanzar hacia hacer más ligeros los procesos de fiscalización, con una lectura más ágil.

La experiencia más reciente en la materia fue la fiscalización a casi 8 mil candidatos de la elección judicial, tanto federales como locales, esto es, un mundo de documentos, sobre todo porque el INE no tuvo los expedientes desde el inicio del proceso extraordinario; hasta el 12 de febrero pasado recibió la lista de nombres de candidatos, quienes no tuvieron financiamiento público (a diferencia del resto de elecciones donde sí hay prerrogativas y donaciones en efectivo y en especie) y se les prohibió recibir dinero de otras fuentes y/o contratar cualquier tipo de espacios para propaganda.