l asesinato político más sonado en el gobierno de Obregón fue el de Pancho Villa, quien, después de rendirse ante el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, en junio de 1920, se estableció en la hacienda de Canutillo que recibió por su rendición, dedicándose a la agricultura. Paulatinamente disminuyó su temor a ser asesinado por el gobierno. Poco después, el presidente Álvaro Obregón mantuvo correspondencia con su viejo enemigo, le envío regalos y le aseguró que no debía preocuparse. Villa se convenció de que no debía cuidarse del gobierno, pero sí de uno de sus enemigos jurados, Jesús Herrera, hermano menor de uno de sus hombres más cercanos, Maclovio Herrera, a quien El Centauro había ordenado asesinar. Jesús había jurado vengarse. Villa denunció ante Obregón los intentos de Herrera para matarlo. En abril de 1923 dijo a Obregón y a Calles que si no había actuado contra Herrera era por consideración y afecto a Obregón.
En julio, Villa salió de Canutillo en automóvil hacia Río Florido para bautizar a un pequeño y estar en Parral con una de sus mujeres, Manuela Casas. Lo acompañaron sólo cinco hombres de su escolta. Después de varios días en Parral, salió de regreso a su hacienda la mañana del 20 de julio. Al dar la vuelta en una calle del centro de la ciudad fue acribillado por francotiradores que lo esperaban. Murió instantáneamente.
Su muerte fue una bomba política. De inmediato, hubo voces que responsabilizaron a Obregón y a Calles del asesinato. El presidente declaró su pesar. Lamentó que siguieran ocurriendo hechos como ése y subrayó que su gobierno no tenía ningún interés en matar a su viejo rival. Temiendo un levantamiento de los seguidores de Villa, envió tropas a Durango. El hermano de Villa, Hipólito, escribió a Obregón que agradecía sus condolencias y garantizaba el orden y la lealtad de los villistas.
Sin embargo, el escenario se le complicó a Obregón. Una comisión de diputados investigó el asesinato. Concluyó que había sido un crimen político. Las autoridades militares y políticas de Durango y Chihuahua habían facilitado la acción a los asesinos. El jefe militar de Parral con su tropa había salido esa mañana a realizar ejercicios militares para el desfile del 16 de septiembre, para el cual faltaban dos meses. Nadie persiguió a los asesinos, quienes se movieron con calma en el pueblo después del crimen. Las líneas telegráficas de Parral y Canutillo fueron interrumpidas seis horas. Los Dorados se enteraron demasiado tarde para perseguir a los asesinos. El informe de los diputados, no obstante, no encontró indicios de la responsabilidad directa de Obregón en el crimen, pero sí de las autoridades de Chihuahua y de Durango.
Cuando la tormenta política todavía no amainaba, en agosto de 1923 un diputado local de Durango, Jesús Salas Barraza, confesó ser el autor intelectual y el organizador del asesinato. Esa confesión fue vista con alivio por Obregón y Calles. Sin embargo, el presidente de la comisión que investigó los hechos, el diputado Gandarilla, denunció que Salas Barraza se había reunido después del crimen con el gobernador de Durango, Jesús Agustín Castro y con Calles. El comandante militar de Chihuahua escribió a Obregón avisando que detendría a Salas Barraza, pero Obregón le dijo que no podía hacerlo, puesto que tenía fuero. No obstante, temiendo que escapara, fue arrestado y llevado a Chihuahua, donde en septiembre se le condenó a 20 años de prisión. A pesar de ello, en diciembre de ese mismo año, fue dejado en libertad; el gobernador de Chihuahua lo indultó. Nadie más fue castigado.
Con el paso de los años surgieron nuevos testimonios que implicaron a Calles y a Obregón. Adolfo de la Huerta dijo, años después, que Obregón supo y autorizó el crimen. De la Huerta no era un testigo imparcial, tenía muchas cuentas pendientes con Obregón. Sin embargo, años más tarde se encontraron nuevos y sólidos testimonios. En el Archivo Calles-Torreblanca y en archivos de inteligencia militar de Estados Unidos, documentos muestran que Calles y el subsecretario de Guerra, Joaquín Amaro, estuvieron al tanto y arreglaron las cosas para que pudiera ejecutarse. Según esos documentos, semanas antes del crimen, Salas Barraza escribió a Joaquín Amaro –de quien era amigo– que estaba preparando todo para asesinar a Villa, de quien temían un levantamiento armado. Pidió dinero y protección para él y su familia. Siguió informando de los preparativos y entró en contacto también con el gobernador de Durango. Después del crimen pidió protección. Cuando fue apresado y sentenciado, Amaro le contestó que hablaría con el gobernador de Chihuahua para liberarlo, como ocurrió. Amaro se comunicó con el gobernador Ignacio Enríquez, a quien pidió que lo liberara, explicando que el asesinato de Villa estaba plenamente justificado, pues la justicia nunca había castigado sus fechorías.
La muerte de Villa fue un crimen de Estado. Obregón sospechaba que Villa podía participar en una rebelión como la que se veía venir a mediados de 1923. Tenía informes de acopio de armas en Canutillo y conocía la amistad de Villa con De la Huerta, quien se rebelaría meses más tarde. El Centauro era un peligro para la estabilidad del gobierno obregonista, por su capacidad militar, su carisma y popularidad. A pesar de todo, la responsabilidad en el crimen implica más a Calles, por conducto de Amaro, que a Obregón quien, en todo caso, estuvo enterado y no lo impidió.
* Historiador
