La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pretende avalar el triunfo de la candidata a jueza de distrito en materia penal por el distrito uno de Iztapalapa, Irlanda Pacheco Torres, a pesar de que no cumple con la normativa que establece el requisito para los aspirantes a la elección judicial de gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delitos que afecten la buena fama pública, afirmó Luisa Amanda Rivero Espinosa, quien también aspira a ese cargo e impugnó el resultado ante las autoridades.

Rivero Espinosa recordó que su competidora está relacionada con un proceso penal. Además, cuando se desempeñaba de directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas –es decir, en funciones como servidora pública–, fue también abogada particular de Luis Erick Barajas García, presuntamente vinculado al grupo delictivo conocido como la Unión Tepito.

Los magistrados sesionarán el miércoles

Indicó que el próximo miércoles los magistrados llevarán a cabo la sesión en la que se confirmará la elegibilidad de su contrincante, bajo el argumento de que a Pacheco Torres no se le dictó una sentencia condenatoria firme cuando fue vinculada a proceso por haber presentado un documento falso ante un juez, con el fin de favorecer los intereses de la persona que representaba. No obstante, ella misma aceptó los hechos y llegó a un acuerdo para acceder a un mecanismo alternativo de solución, mediante el cual reparó el daño a la víctima.

Por ello, pidió que los magistrados del TEPJF no declaren el triunfo de su oponente, o bien, que retiren el proyecto para analizarlo a fondo.

Lo vital no es la sentencia: ella aceptó las acusaciones

Aquí el tema no es si fue sentenciada, sino que aceptó las acusaciones, subrayó.

Rivero Espinosa reiteró que avalar a su oponente como jueza implicaría que la sala superior estaría ignorando la importancia de este requisito constitucional de gozar de buena reputación. El mensaje sería claro al sostener implícitamente que, para ser juzgador, no importa haber confesado la comisión de un delito, como puede ser defraudar a la propia administración de justicia.