l Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) emitió un boletín el pasado 24 de julio donde manifestó su profunda preocupación ante el allanamiento a la vivienda de su directora, Dora Robledo, ocurrido la noche del 22 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ofreció detalles iniciales a su alcance y acusó puntual recibo de que se pretende paralizar el trabajo que realizan a partir de una estrategia para infundirles miedo. Recordó que 10 meses atrás un compañero del Centro recibió una agresión similar. La experiencia frente a las autoridades de procuración de justicia en la entidad les muestran que no hay elementos para confiar en que se realizará una investigación seria que ubique y detenga a los responsables.

El Frayba a lo largo de su historia ha realizado su trabajo en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática que han sido denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les otorgó las medidas cautelares MC-5210, las cuales no han merecido la protección que se requiere por parte del Estado mexicano y justamente en este caso, ante su llamada de auxilio, la activación del botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos recibió respuestas casi burocráticas sin ofrecer el respaldo necesario, lo cual no es ajeno al funcionamiento de ese mecanismo en todo el país.

Fieles a su convicción de que ni en este, ni en los numerosos casos que han defendido a lo largo de varias décadas, dejarán de denunciar, como ya lo han hecho, ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Así se conviertan, en los hechos, en tema de una carpeta de no investigación. Sólo recordemos los crímenes de Simón Pedro y el del Padre Marcelo entre muchos otros marcados por la impunidad consuetudinaria.

El allanamiento probado contra la recientemente ratificada directora del Frayba ya ha motivado el repudio de numerosas organizaciones dentro y fuera de país y la exigencia de justicia. Destaca la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y la Vicaria de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Pero no nos engañemos, la agresión a un Centro como el Frayba es un asunto político, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, tendría que dar señales de que el cambio que ha anunciado como parte de la llamada 4T, más allá de retórica y medidas de creación de fuerzas como la de Pakal, es capaz de garantizar la protección a defensores de derechos humanos. Está clara la postura y visión del Frayba, cuestionan sin concesiones el discurso oficial del gobierno estatal, al señalar que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial.

Basta con analizar su más reciente informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, en el cual documenta que la situación de riesgo para quienes defienden los derechos humanos en la entidad se ha recrudecido, ubican la defensa del territorio y la autonomía por parte de las comunidades. Asimismo refiere la continuidad de la violencia contrainsurgente dirigida a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y señala la acción, omisión y permisibilidad de las fuerzas armadas e instituciones de Seguridad Pública locales y federales.

Para el Frayba, y lo compartimos, esta agresión de allanamiento es respuesta a los casos y procesos que acompañan. Es clave que se esclarezca el origen y actores del mensaje que deja el allanamiento reciente, su vinculación con intereses oficiales y o delincuenciales, que se sienten afectados en los casos que el Frayba acompaña. Y sobretodo, de ello depende la urgencia de impedir que la impunidad a los agresores promueva en los hechos la idea de que se tiene licencia para escalar las agresiones, porque está claro que el Frayba va a continuar su trabajo y compromiso por la paz y la justicia. Y algo central ,los defensores no se inventan casos, los pueblos los construyen con su rebeldía y resistencia frente al despojo y violencia que amenaza sus derechos.

Hoy que se habla desde la Presidencia de la República de la deuda histórica y se conmemora la lucha centenaria de los pueblos originarios, resulta un abierto contrasentido que se orqueste en Chiapas una provocación y agresión a un Centro que ha hecho de la lucha por la justicia para los pueblos y sus comunidades un eje riguroso de reivindicación del derecho la paz y la justicia. Sin dejar de lado que en otras entidades también hay defensores que acompañan a esos pueblos que hoy se conmemoran oficialmente pues ellos con su resistencia y rebeldía se han autoconmemorado con sus luchas centenarias.