Puebla, Pue., La delincuencia organizada cobra a productores agrícolas en Puebla hasta 10 por ciento del valor de las cosechas, fenómeno que se extiende a otras regiones del país y ha detonado la exigencia de una reforma urgente al artículo 27 constitucional, sostuvo José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), e integrante de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social.

En entrevista, aseguró que la situación es crítica en municipios como San Martín, Tecamachalco y parte de Teziutlán, donde la maña exige dinero a los lugareños.

Durante un foro para impulsar modificaciones al artículo 27 constitucional, que se realizó en la Escuela Libre de Psicología, el dirigente detalló que la extorsión del crimen organizado afecta a productores, y se agrava por la debilidad y abandono de las estructu-ras agrarias.

Señaló que la propuesta de cambios al artículo 27 –entregada a la Cámara de Diputados federal por la Cocyp y organizaciones aliadas– busca devolver capacidades plenas a las autoridades ejidales y comunales, reconociéndolas como sujetos activos en la protección del patrimonio rural y la seguridad nacional.

Añadió que las reformas previas al ordenamiento restaron facultades a las asambleas ejidales, los comisariados y los consejos de vigilancia, permitiendo que grupos criminales incluso designen autoridades, tomen control de los módulos de riego y dominen los procesos productivos y de comercialización.

Femat subrayó que esta dinámica impacta directamente al ingreso familiar, pues los agricultores no sólo enfrentan precios bajos para sus productos, sino también la obligación de entregar una parte sustancial de su trabajo a la delincuencia.

Consideró que el miedo a represalias mantiene a las víctimas en silencio, lo cual dificulta dimensionar la magnitud del fenómeno. Apuntó que en algunos casos, los grupos delictivos controlan hasta la venta de insumos y organizan actividades económicas y sociales como ferias o peleas de gallos, perpetuando el temor y la dependencia comunitaria.

El problema no es exclusivo de Puebla, advirtió Femat. Estados productores como Guerrero, Chihuahua, Durango, Michoacán y Zacatecas padecen una situación similar: se cobra cuota a labriegos, se sustituye a las autoridades ejidales por imposición y se controla el acopio y la venta de productos, sin que exista la intervención eficaz de instancias federales.