A casi un mes de que inicie actividades el nuevo Poder Judicial (PJ), jueces y magistrados heredarán casos emblemáticos de ex servidores públicos que están por iniciar o ya se encuentran en procesos judiciales, debido a que han buscado la protección legal para evitar responder a las acusaciones.

Los más de 800 nuevos magistrados de circuito y jueces de distrito del país que llegaron al cargo a través del voto popular, tomarán protesta y posesión el próximo 1º de septiembre en el Senado de la República.

Entre los temas pendientes están el del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, prófugo de la justicia, quien deberá comparecer el próximo 20 de agosto ante un juez federal. Es señalado de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad.

También, el del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien enfrenta en prisión domiciliaria una causa penal por la llamada verdad histórica en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Fue vinculado a proceso en agosto de 2022 por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte por su probable responsabilidad en delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Su caso permanece en tribunales federales.

A Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel, se le debe cumplir la orden de aprehensión girada en su contra el 23 de abril de 2021, por los delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura, en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en el caso Ayotzinapa.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, continúa en libertad el proceso por el caso Odebrecht. En septiembre de 2023 fue exonerado en la estafa de Agronitrogenados del cual quedó libre de pagar 3.4 millones de dólares por esta causa penal, una multa de 5 mil días y 15 años de prisión que solicitó el Ministerio Público Federal, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.

Es señalado por las autoridades federales por causar un quebranto multimillonario a la empresa con la adquisición de una planta en condición de chatarra al empresario Alonso Ancira, así como de recibir sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht a cambio de asignarle contratos.

El general Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, está sujeto a proceso de extradición en Canadá. Sin embargo, cuenta con medidas cautelares para evitar su arresto en el país por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de los mismos.

Según investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, León Trauwitz y la red de complicidad que incumplió con los protocolos para inhabilitar las tomas clandestinas en los poliductos Minatitlán-México y Madero-Cadereyta, entre 2015 y 2016, generaron un daño superior a 25 mil 193 millones de pesos y la sustracción ilegal de mil 847 millones 46 mil 374 litros de combustible.

René Gavira Segreste, ex director de Segalmex, preso en el Reclusorio Norte, es acusado por el gobierno de México de ejercicio indebido del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, así como de ser parte del fraude que inicialmente llegó a sumar alrededor de 15 mil millones de pesos y la compra ilegal de bonos financieros por más de 100 millones.

El de Billy Álvarez, otro asunto por resolver

A su vez, el ex presidente de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, preso en el Centro Federal de Reinserción Social Número Uno Altiplano, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 114 millones de pesos a través de empresas factureras. Está hospitalizado en el estado de México, tras ser operado por una fractura transtrocantérica de cadera izquierda.