l lunes pasado prometí el balance de las medidas oficiales en torno al sargazo en el sexenio anterior. A éste le tocó lidiar a principios de 2019 con una arribazón del alga de enorme magnitud. Fue calificada de desastre ecológico. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en junio de ese año que era un problema heredado de las administraciones anteriores que decretaron de manera irresponsable emergencias por dicha alga, para hacer negocios y magnificado para cuestionar su gobierno. Sostuvo ser un asunto menor, no grave y con solución. Encargó resolverlo a la Secretaría de Marina y a una comisión interinstitucional ­presidida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El tema pasó a segundo término en 2020 al no llegar mucho sargazo. Pero sí covid. Al año siguiente, todavía con miles de muertos por la pandemia, arribó el alga en grandes cantidades. Llegó menos en 2022. Mas en 2023 fue muchísimo mayor. Por enésima vez, no hubo la capacidad técnica y humana para detenerlo mar adentro; ni recogerlo en el litoral y luego depositarlo en sitios adecuados. Vagas iniciativas para convertirlo en un bien económico. Tampoco coordinación entre las partes involucradas en resolver el problema. Se desconocen los frutos de la citada comisión interinstitucional y de la Marina.

Mientras los datos y la realidad mostraban las fallas en las tareas de coordinación para controlar el alga, 50 días antes de dejar su cargo el presidente López Obrador afirmó que, gracias a la Secretaría de Marina, su administración resolvió la llegada del sargazo. Esa solución no fue sustentada en informes de dicha secretaría ni de la Semarnat. Sorprendió a los integrantes del sector turístico, al gobierno de Quintana Roo y a sus pobladores.

Igual a la comunidad científica, destacadamente a 44 de sus integrantes pertenecientes a 21 instituciones entre las que sobresalen el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y su unidad en Puerto Morelos; el Centro de Investigaciones y Educación Superior de Ensenada (Cicese); las universidades de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Veracruz, así como los integrantes del Consorcio de Investigación de el Golfo de México (CIGoM). Laboran pese al poco apoyo financiero que reciben. En Estados Unidos, las universidades de Florida y la Administración Nacional de Oceanografía y Atmósfera.

Ellos llevan años estudiando las estrategias más viables para que el sargazo impacte lo menos posible la vida social, económica y el ambiente del litoral mexicano y el de los 19 países del gran Caribe. Una parte de sus trabajos fueron publicados en dos ediciones de La Jornada Ecológica (agosto de 2019 y marzo de 2023), coordinadas por Horacio de la Cueva, del Cicese, y Edward M. Peters, del CIGoM. En ambas ediciones, los especialistas explican que hay un mayor arribo debido a las corrientes marinas, al cambio climático y al aumento del mar del Sargazo (3.5 millones de kilómetros cuadrados) pues éste recibe más nutrientes de las grandes descargas de fertilizantes vía los ríos que las llevan al mar. Insisten en la urgencia de convertir el alga en un bien que genere empleo e insumos para elaborar, por ejemplo, combustible, alimento para animales, fertilizantes o materiales de construcción. Las acciones para lograrlo no se concretan, pues el gobierno carece de los recursos financieros y técnicos requeridos. Los tienen las empresas especializadas existentes.

No olvidar que, al descomponerse por los rayos del sol, el sargazo es peligroso para la salud humana, pues genera sulfuro de hidrógeno. Y muy nocivo para los corales, humedales, manglares y varias especies en peligro de extinción, como las tortugas. El azul turquesa del Caribe mexicano desaparece por la turbiedad del agua. Y bajo toneladas de algas, sus blancas playas.

A la actual administración la recibió este año una arribazón nunca vista: más de 100 mil toneladas. Resulta imposible evitar su llegada a casi todo el litoral de Quintana Roo. Si nos atenemos a las declaraciones oficiales, ahora sí existe coordinación institucional, en especial de la Semarnat con el gobierno de dicha entidad. Y programas para utilizar el alga en bienes diversos. Ojalá no quede todo como en el sexenio pasado: promesas y declaraciones optimistas, en vez de logros.