El Gobierno de la Ciudad de México anunció la promulgación del bando uno para frenar la especulación inmobiliaria y evitar desplazamientos involuntarios. Se trata de una proclama que implica elaborar un plan para estabilizar las rentas y fomentar los derechos de los capitalinos.

Entre sus puntos más destacados, propone que el incremento en el alquiler de viviendas sea conforme a la inflación anual –situación que se encuentra vigente en el Código Fiscal local–; también refuerza la regulación del alquiler temporal y de plataformas digitales como Airbnb, además de la creación de una defensoría pública de los derechos de los inquilinos para ofrecer apoyo legal, mediación y defensa que sancione abusos o desalojos ilegales, así como la presentación de una iniciativa de ley a fin de regular los costos del alquiler.

De esta manera, se establecerá un índice de precios de renta razonable y zonas de tensión inmobiliaria, para lo cual se considerarán diversas variables como el valor catastral, ubicación, características físicas de la propiedad, la proporción del ingreso y gasto en la zona, entre otros, informó el secretario de Administración Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, quien detalló que la dependencia coordinará su creación.

Como parte del bando, también se aplicará un plan maestro con el que se aplicarán políticas para fomentar el arraigo comunitario, combatir la especulación inmobiliaria, regular viviendas de ocupación temporal, hasta la producción de casas asequibles y realizar un programa de arrendamiento para jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores.

Este plan se aplicará en las colonias Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo Juárez, Roma Norte, Roma Sur, Doctores, Buenos Aires, Escandón y San Miguel Chapultepec, donde los precios oscilan entre 51 mil y 54 mil pesos por metro cuadrado, además de que allí se reporta un incremento de unidades de corta estancia en los pasados cinco años.

Asimismo, se propone generar acciones correctivas en dichos polígonos, donde se han delimitado 17 mil 376 predios que cubren más de mil 170 hectárea, y 910 manzanas.

Habrá acciones de intervención en zonas de tensión inmobiliaria con el fin de frenar la especulación y fomentar la producción de vivienda asequible, ofreciendo facilidades administrativas a desarrolladores y constructores que edifiquen viviendas de interés social, popular o sustentable, sostuvieron las autoridades.