Organizaciones defensoras de la población migrante en Estados Unidos exigieron justicia por Jaime Alanís García, trabajador agrícola michoacano, quien falleció por las lesiones sufridas en su intento de huir de una redada, y por las detenciones arbitrarias en campos que han realizado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Que quede claro: si no hubiera sido por esta violenta redada y la política antilatinoamericana del presidente (Donald) Trump, Jaime Alanís García –un padre, esposo y heroico campesino– todavía tendría vida”, aseveró Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés).

La UFW es el sindicato que desde el viernes pasado dio a conocer el caso del trabajador michoacano, quien estuvo en la redada del ICE en una granja de cannabis del condado de Ventura, California. Según medios estadunidenses y compañeros del trabajador, cayó desde más de nueve metros de altura mientras intentaba huir del operativo migratorio.

Ante ello, la Unión de Trabajadores Agrícolas demandó justicia y que se investigue el caso, luego de que el ICE ha tratado de desligarse de la muerte de Alanís.

También, en medio del temor que ha despertado la política migratoria de Estados Unidos, recomendó a los trabajadores agrícolas migrantes evitar emplearse en campos de cannabis, incluso en operaciones con licencia estatal. Como sigue siendo criminalizada bajo la ley federal, cualquier contacto con agencias federales podría tener consecuencias graves, explicó.

A su vez, la coalición 805 Immigration expuso que no se puede permitir a la administración del presidente Trump atacar a las mismas personas que siguen recogiendo frutas y verduras que llenan nuestras tiendas. El arresto de los trabajadores del campo no sólo romperá a las familias, sino que elevará el costo de la comida para todos.

Terribles violaciones

En una protesta en Santa Bárbara, California, Julissa Peña, directora ejecutiva del Centro de Defensa Legal de Inmigrantes, señaló que hemos sido testigos de terribles violaciones a derechos de las personas migrantes. Esta población, dijo, está siendo perseguida por el simple color de su piel.

Frente a ello, enfatizó, es necesario que los recursos locales sean destinados también a defender y proteger a la población migrante de estas injusticias. Sin inversión local en representación legal y respuesta rápida, estos abusos no sólo continúan, sino que siguen sin ser cuestionados y se les invisibiliza, sostuvo.