La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó archivar un litigio sobre el crédito fiscal de 4 mil 442 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuso a la telefónica Movistar, a fin de que el asunto sea resuelto por el pleno que entrará en funciones el 1º de septiembre.

El expediente del amparo directo en revisión número 1172/2025 fue turnado de inicio al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien decidió devolverlo al pleno sin presentarlo a discusión en las sesiones públicas restantes de la actual integración del máximo tribunal, lo cual fue notificado ayer en las listas judiciales.

La devolución se realizó conforme al acuerdo general plenario 3/2025, adoptado en marzo pasado para la ruta de transición en el máximo tribunal. Ahora el asunto permanecerá bajo resguardo de la Corte hasta que la nueva integración determine su futuro, es decir, si lo retoma, lo turna a otro ministro o lo desecha.

Gutiérrez Ortiz Mena agregó al expediente un proyecto de resolución previamente elaborado, como referencia futura.

El caso se refiere a la negativa del SAT para permitir a Pegaso PCS, SA de CV –razón social de Movistar– la deducción de gastos derivados de una fusión empresarial en 2014, lo que derivó en 2019 en la determinación de un crédito fiscal millonario.

Dicho crédito fue confirmado en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero la compañía impugnó esa resolución. En enero de 2023, el octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió a favor de la empresa, al declarar la nulidad del crédito fiscal.

El SAT recurrió a la SCJN, que admitió el caso como amparo directo en revisión 1172/2025. Por su parte, Movistar interpuso el recurso de reclamación 158/2025 para impugnar la admisión del amparo, asunto que llegó a la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek.

El recurso 158/2025 estaba programado para votarse el 18 de junio pasado en la segunda sala, pero la ministra Lenia Batres Guadarrama impidió el quorum al ausentarse intencionalmente para frenar la resolución del asunto.

La togada acusó que el proyecto de Laynez –que no se hizo público– buscaba revocar la admisión del amparo promovido por el SAT, lo que habría permitido a Movistar realizar la deducción millonaria.

El recurso de reclamación fue reprogramado para ser votado en la sesión del 6 de agosto de la sala.