Juba. Ocho migrantes expulsados de Estados Unidos en mayo, entre ellos un mexicano y dos cubanos, llegaron ayer a Sudán del Sur, anunciaron el ministerio estadunidense de Seguridad Interior y un responsable del departamento de Relaciones Exteriores del país africano. El grupo incluye igualmente a un ciudadano de ese país, dos birmanos, un vietnamita y un laosiano, además de los tres latinoamericanos. Previamente, estuvieron retenidos en una base militar estadunidense en Yibutí.

El diario The New York Times informó que el avión militar despegó alrededor de las 20:30 de la noche del viernes, según reportó la responsable del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, lo que pone fin a una disputa legal que se extendió por seis semanas y que culminó con la intervención de emergencia de la Suprema Corte.

Esposados y con grilletes

Una imagen que difundió la propia dependencia mostró a los migrantes esposados, con grilletes en los tobillos, rodeados de agentes uniformados. Las autoridades estadunidenses afirman que los ocho hombres fueron condenados por crímenes violentos y no obtuvieron el acuerdo de sus países para recibirlos, aunque muchos ya habían cumplido sus sentencias o estaban por concluirlas.

Sólo un migrante es originario de Sudán del Sur. Un funcionario local que pidió el anonimato informó que llegaron a la capital Juba desde Yibutí, y añadió que fueron transportados por marines estadunidenses.

Durante una audiencia, un abogado del Departamento de Justicia leyó una nota diplomática en la que las autoridades africanas se comprometieron a otorgarles un estatuto migratorio temporal, añadió el rotativo.

Dicho país africano, con apenas 13 años de existencia, enfrenta una grave inestabilidad y vive fuertes tensiones desde el fin de la guerra civil, que causó 400 mil muertos entre 2013 y 2018. El Departamento de Estado estadunidense ya había advertido que viajar allí representaba un alto riesgo debido a la violencia, los secuestros y el conflicto armado, recordó el NYT.

La disputa legal giró en torno al derecho de los migrantes a no ser enviados a terceros países, donde su vida o libertad pudieran estar en peligro. Tanto las leyes estadunidenses como el derecho internacional prohíben las deportaciones a lugares donde las personas puedan enfrentar tortura o persecución.

A pesar de los recursos legales presentados, la Suprema Corte intervino dos veces y permitió que la administración de Donald Trump continuara con el plan de expulsión. El viernes, el juez Brian E. Murphy, del tribunal federal en Massachusetts, concluyó que los argumentos de los migrantes eran similares a los que ya habían sido rechazados, por lo que autorizó la deportación.

Ejecutivo, sin límites

Los abogados defensores aseguraron que el traslado a Sudán del Sur constituía un castigo inaceptable y citaron un fallo de la Suprema Corte de 1896, que prohíbe deportaciones que resulten en penas infames.

La abogada de los migrantes, Trina Realmuto, criticó el fallo del máximo tribunal y acusó a la Suprema Corte de debilitar los límites al Poder Ejecutivo al ignorar las órdenes judiciales en contra de la deportación.

El rotativo recordó que la expulsión de los ocho migrantes puso fin a un prolongado conflicto entre los defensores de los detenidos y el gobierno de Trump, cuya agenda migratoria se caracterizó por medidas estrictas y choques con jueces federales.

Stephen Miller, uno de los asesores de Trump, acusó al juez Murphy de intentar un golpe judicial al exigir que los migrantes permanecieran bajo custodia hasta que pudieran argumentar su temor de ser torturados en Sudán del Sur. La Casa Blanca tachó al juzgador de ser un activista de extrema izquierda.