La creación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad, que estará a cargo de la secretaría que encabeza Omar García Harfuch, permitirá al Estado combatir con mayor eficacia los delitos de alto impacto y al mismo tiempo reforzar la cooperación internacional, sobre todo con agencias claves del gobierno de Estados Unidos, como FBI, DEA, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Estado, bajo principios de corresponsabilidad y colaboración institucional.

Este sistema permite el intercambio oportuno de información táctica y estratégica, especialmente en operaciones contra fenómenos trasnacionales, como tráfico de armas, drogas, personas y dinero, que afectan gravemente a ambos países. Asimismo, posibilita la participación activa de México en iniciativas conjuntas, como el Entendimiento Bicentenario, desde una posición de reciprocidad institucional, respetuosa de la soberanía nacional y alejada de esquemas de subordinación.

Lo anterior se establece en la nueva Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad, que el Senado remitió ayer a la Presidencia de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la exposición de motivos se precisa que las nuevas atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPP), que le permiten coordinar la integración de bases de datos, así como plataformas tecnológicas –ahora dispersas en diversas dependencias y entes privados–, permitirá al Estado unificar la información y actuar de manera coherente y estratégica frente a los retos delictivos contemporáneos

Un sistema de inteligencia eficaz, se detalla, brinda al país capacidades reales para participar en procesos de intercambio de información, respuesta conjunta y análisis compartido, tanto a escala nacional como internacional, no sólo con Estados Unidos y Canadá, sino también con organismos multilaterales especializados en temas de seguridad.

En el plano diplomático, la inteligencia se convierte en un instrumento fundamental para proyectar la imagen de México como un Estado serio, confiable y profesional en el combate al crimen organizado transnacional.

Consolidar un sistema de inteligencia robusto responde a la necesidad de proteger los intereses estratégicos de México frente a un entorno global cada vez más desafiante y poder anticiparse a los ciberataques, la desinformación, el financiamiento ilegal mediante criptomonedas, el uso político de los flujos migratorios o la presión geopolítica sobre recursos naturales.

México necesita un sistema de inteligencia porque un país sin inteligencia es un país ciego, vulnerable y reactivo.

La nueva ley posibilita que ese Sistema Nacional de Inteligencia integre la información generada por las fuerzas armadas, incluyendo a la Guardia Nacional, fiscalías, policías estatales, unidades de inteligencia financiera, autoridades aduaneras y otros actores relevantes.