a información es conocida: la recaudación de impuestos en México es cercana a 14 por ciento del PIB, lo que coloca al país como el último lugar en captación tributaria entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y entre las economías latinoamericanas. Una explicación de esta baja recaudación es que las personas con ingresos mayores a 500 millones de pesos anuales contribuyen apenas con 15 centavos de cada 100 pesos recaudados, es decir, 0.15 por ciento. En México, 809 personas son dueñas de 6 por ciento de la riqueza nacional y pagan impuestos verdaderamente ridículos. Vivimos una anomalía fiscal.
Oxfam, organización que combate la pobreza y la desigualdad, señala que esta situación es una decisión política tomada por gobiernos priístas y panistas y sostenida por los dos gobiernos de Morena que dura ya más de 40 años y ha generado una enorme injusticia social, la cual se funda en una injusticia fiscal, consistente con el proyecto neoliberal de los gobiernos federales de la década final del siglo pasado y de los primeros 18 años de este siglo. Pero, inconsistente con el planteamiento político de la 4T, que propone justicia social y que ha puesto en marcha un amplio programa de gasto social.
Este 2025, el gobierno federal enfrenta restricciones económicas que le han obligado a proponer un paquete económico en el que se ha mantenido en términos reales el presupuesto de gasto público igual al de 2024. La dinámica de este 2025 indica que estamos en presencia de una desaceleración de la economía, que provocará que terminemos el año con un crecimiento del PIB apenas perceptible, lo que afectará a una amplia proporción de la población que, además, está viendo que se reducen las remesas que reciben de sus familiares.
La recaudación se ha comportado mejor de lo presupuestado gracias a mejoras en la eficiencia recaudatoria, que son medidas de única vez. En consecuencia, ya no habrá incrementos en la recaudación. Por eso, es muy relevante la propuesta presentada por Oxfam en un foro organizado en la Cámara de Diputados: 10 puntos hacia la justicia fiscal en México
, con medidas que ya funcionan en otros países y que incluso han existido en México en el pasado
.
Con estas medidas se podría recaudar casi un billón de pesos más, un aumento del 20 por ciento de los ingresos tributarios. Aumento que podría utilizarse para mejorar servicios públicos fundamentales, como salud, educación y vivienda, que buena falta hace, así como para reducir la pobreza y la desigualdad. Esta reforma fiscal propuesta por Oxfam pone en el centro el tema de la justicia fiscal, que implica cobrar más impuestos a los que más tienen; gastar bien, es decir, hacerlo con un enfoque basado en derechos humanos, y hacerlo de manera transparente y apoyando la cooperación internacional.
Oxfam es claro: sólo así el país podrá avanzar hacia una economía más justa y próspera para todas y todos
. Las 10 propuestas se dividen en cinco para incrementar la recaudación y otras cinco para invertir el dinero adicional recaudado de mejor manera. Se enfoca en recaudar entre los que más recursos tienen y en eliminar privilegios fiscales, así como en distribuir esos ingresos adicionales entre quienes menos tienen. Se trata de una propuesta sustentada en la justicia fiscal, para que haya justicia social.
Las cinco propuestas recaudatorias de Oxfam son: impuestos a grandes herencias, donaciones y sucesiones, con potencial recaudatorio de 398 mil millones de pesos; contribución solidaria de las grandes fortunas por la unidad nacional, que pudiera significar 287 mil millones de pesos adicionales en la recaudación; impuesto ambiental por tenencia o uso de vehículos, que podría incrementar la recaudación en 134 mil millones de pesos; impuesto predial justo y progresivo, que tiene un potencial recaudatorio de 97 mil millones de pesos y, finalmente, cooperación fiscal regional e internacional con potencial recaudatorio de 200 millones de pesos. Oxfam calcula que estas 5 medidas recaudatorias aumentarían los impuestos recaudados en 916.2 mil millones de pesos.
Las cinco propuestas para usar estos recursos adicionales son: fortalecimiento de la inspección laboral, expansión de infraestructura y servicios de cuidados, transporte público masivo eléctrico, fortalecimiento de capacidades institucionales y transparencia y rendición de cuentas. Se trata de incrementar los recursos presupuestales asignados para mejorar la capacidad del gobierno para contribuir a la construcción de una sociedad justa, siempre sustentado en un enfoque de derechos humanos.
La reunión en la que se presentó la propuesta concluyó señalando que la responsabilidad del Estado es crear condiciones dignas para la población y, para ello, es indispensable contar con recursos suficientes para poder ofrecer servicios públicos de calidad. Justo de eso se trata, de enfocarse en la justicia social superando las visiones neoliberales.
NB: Este mes no escribiré los dos siguientes artículos porque estaré de vacaciones.
