Detrás de los centros de detención para migrantes, como la prisión Alcatraz de los caimanes que abrió ayer el presidente Donald Trump, existe un negocio rentable que beneficia a las empresas privadas que administran estos lugares a cambio de millonarios recursos públicos, señalaron especialistas defensores de los derechos de esta comunidad.

Consideraron que estas acciones son parte de la campaña estadunidense de infligir miedo entre migrantes para que no salgan a las calles y se autodeporten.

Óscar Chacón, asesor de Alianza Américas, indicó que la megacárcel en Florida, rodeada de fauna peligrosa como caimanes y serpientes, es un ejemplo grotesco de la manera deshumanizante en que el gobierno de Trump quiere someter a los extranjeros sin documentos.

Puntualizó que otros centros de detención ya han estado operando con capacidad para 42 mil camas, y la finalidad –según se ha reportado– es incrementar la red a 100 mil, para lo cual el gobierno de Trump prevé destinar 45 mil millones de dólares.

Indicó que por cada noche que un migrante indocumentado está detenido en estos centros, el gobierno gasta 160 dólares, aunque el costo máximo que representa para la empresa ronda los 45 dólares, es un negocio extremadamente rentable para estas compañías que gestionan la cadena de deportación, desde su detención hasta el traslado final.

Detalló que a través de contratos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las compañías CoreCivic y GEO Group se benefician de recursos públicos por alojar a migrantes, y sus acciones han subido 56 y 73 por ciento, respectivamente, desde la relección de Trump.

Advirtió que estos centros van a construirse de manera acelerada y expandir su presencia en estados dominados por los republicanos, como Alabama, Texas y Luisiana, a donde trasladan a los migrantes detenidos.

Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, mencionó que pese a un aumento significativo en detenciones, los números se desploman en deportaciones. Sólo se repatria a quienes así lo soliciten y por orden de un juez. Se necesitan programas permanentes de apoyo aquí; los consulados son oficinas de trámites, pero no espacios donde se pueda contar con apoyo para una defensoría y para eso se requieren recursos económicos, agregó.