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Negocios y Empresas

Economía digital e impuestos

E

l gobierno de Estados Unidos es el que más beneficios obtiene de la economía digital. La razón es que las empresas de ese país registran ahí sus ingresos y utilidades y no en los lugares en donde los generan.

Sin embargo, Donald Trump no está satisfecho con ese proceso y pretende obtener más recursos fiscales mediante la derogación de un impuesto global firmado entre los gobiernos de 141 países en 2021.

El Grupo de los Siete, formado por Alemania, Canadá, Francia, Japón, Italia y Reino Unido, junto con Estados Unidos, aceptó las condiciones de Trump para revertir el acuerdo de 2021 firmado por Joe Biden, que contempla una tasa mínima de impuesto global de 15 por ciento. Esos recursos los pagan las empresas a nivel local. Ahora se pretende que ese dinero se traslade a Washington.

No sólo son las empresas tecnológicas las que pagan el impuesto global, sino todas las trasnacionales. Pero las plataformas digitales son cada vez más importantes en la economía mundial, por lo que generan recursos crecientes. El proceso de fiscalización de estas firmas aún se encuentra en pañales, debido a que avanzan a pasos acelerados y no se sabe bien a bien cómo controlarlas, pero aún así dejan recursos multimillonarios al gobierno.

En el caso de México, las plataformas digitales están reguladas con detalle desde diciembre de 2019 con el pago de ISR, IVA e IEPS, tres impuestos sobresalientes para las finanzas públicas. Sin embargo, la mayor parte de las actividades llevadas a cabo en el ámbito virtual no pasan por el fisco del país porque escapan a los controles públicos.

Las aplicaciones de contenidos multimedia (imágenes, películas, música, juegos, periódicos, revistas y libros) se controlan cuando el usuario paga a través de las plataformas, pero la mayoría de las utilidades de este sector se desconocen y, aunque se generen en México se van al extranjero, donde se realiza el pago de impuestos.

Con la negociación aprobada en el G-7, bajo la presión de Trump, los pocos recursos que se quedan en México y otras naciones volarán directamente a Estados Unidos y quien saldrá perjudicada será la población que paga recursos multimillonarios por la tecnología controlada por empresas transnacionales.