Colima, Col., El ex gobernador priísta Ignacio Peralta Sánchez y los ex secretarios de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y de Finanzas, Carlos Noriega García, comparecieron ante un juzgado estatal por un presunto desvío de 400 millones de pesos y otras supuestas irregularidades durante su administración de 2016 a 2021.

Una de las acusaciones que enfrenta Peralta Sánchez se relaciona con la construcción del edificio del centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i), que fue considerada la mayor obra durante su mandato para la cual se estimó un presupuesto inicial de poco más de 800 millones de pesos.

En 2020 su gobierno promovió un crédito bancario por 500 millones de pesos para aumentar el monto asignado, a fin de incluir la remodelación del palacio de gobierno; sin embargo, no se encontró evidencia de que se utilizaran para dicho fin 400 millones de pesos de ese empréstito.

También hay una denuncia penal contra el ex mandatario porque en julio de 2021 ordenó pagar casi mil millones de pesos a bancos por una deuda a corto plazo y anunció la suspensión del pago de nómina a más de 5 mil trabajadores públicos.

Además, la justicia local también investiga el presunto otorgamiento ilegal de bases laborales a más de 200 empleados en 2021 y la venta de un inmueble en el municipio de Villa de Álvarez, a 240 pesos el metro cuadrado del terreno, precio varias veces inferior al valor comercial de las propiedades de la zona.

El predio, conocido como Ecogranja, lo utilizaba el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para recorridos educativos con niños de prescolar y primaria.

En entrevista, tras salir de la audiencia, Peralta se rehusó a dar detalles sobre la misma para respetar el debido proceso y aseguró que cuando concluyan las investigaciones dará una postura pública.

El ex gobernador recalcó que está alejado de la política y vive actualmente en la Ciudad de México viendo los toros desde la barrera.

Por su parte, Ochoa González está acusado de autorizar durante su encargo el pago millonario a la banca comercial y pausar el pago de nómina a los trabajadores; mientras, Noriega García ya está vinculado a proceso por un presunto desvío de 72 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado de Colima.