En una sesión caracterizada por la confrontación entre bancadas, la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general una nueva ley de inteligencia, que regula las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para obtener y procesar información de todo tipo de archivos, públicos y privados, con el fin de prevenir delitos, sobre todo de alto impacto.

La ley se aprobó con 368 votos de Morena, PT, PVEM y MC, y 101 en contra de PRI y PAN. El pleno comenzó a discutirla en lo particular al cierre de esta edición.

El marco legal amplía las facultades del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, como explicó la bancada de Morena. Le damos un marco jurídico para prevenir y combatir este tipo de delitos, indicó Sandra Anaya desde la tribuna.

El alcance de la norma fue rebatido a lo largo del día por la oposición, que criticó los fines de la obtención de datos de empresas, ciudadanos y –según el PRI– hasta de estudiantes universitarios. Esta ley no protege, sino que espía, sostuvo la priísta Fuensanta Guadalupe Guerrero; en contraste, la morenista Maribel Solache señaló que el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional sí nos tenía espiados.

Así, las atribuciones de seguimiento e intervención telefónica, y de supervisión incluso de registros médicos, fueron el eje de la discusión, que comenzó a las 8:30 de la noche y se alargaba hacia la madrugada.

No se trata de espiar a nadie, sino de prevenir, no improvisar. La inteligencia es la clave estratégica de no represión, porque un país sin inteligencia estratégica está ciego ante el crimen organizado, argumentó Alberto Maldonado (Morena).

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría legislativa, comprometió que los productos de inteligencia obtenidos por la secretaría y el CNI no constituyen un retroceso histórico desde la izquierda en el poder, que durante décadas denunció el espionaje de Estado contra los opositores.

No se retornará a estructuras de espionaje del pasado ni a figuras como las de Miguel Nazar Haro o Fernando Gutiérrez Barrios, sostuvo. No se va a retornar a eso, que quedó sepultado en regímenes pasados, y no se va a repetir o a reincidir en figuras de esa magnitud, apuntó.

Como parte de la nueva ley, el titular de la SSPC podrá requerir a las instituciones de seguridad y a todas las dependencias del Estado, así como a entes privados, en su caso, interconexión o envío de información en materia de seguridad pública contenida en registros vehiculares y de placas, datos biométricos y telefónicos, registros públicos inmobiliarios y de personas morales y catastros, datos fiscales, telefónicos, de armas de fuego, de comercio, de inmuebles, de empresas de seguridad privada y de padrones de detenidos y sentenciados, así como de todos aquellos de donde pueda extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones.

La ley, que partió de una adenda de 116 páginas y sustituyó de hecho el dictamen original aprobado en marzo por las comisiones, incluye la formalización de informantes para el CNI y obliga a todas las autoridades del Estado y a particulares a vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional de Seguridad, y entregar información de distintas fuentes de información.

Además de las anteriores, de las que podrá disponer el titular de Seguridad, tendrá acceso a registros financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, comerciales y todos aquellos de donde se puedan extraer datos, indicios y pruebas para la generación de productos que ayuden a la prevención, investigación y persecución de los delitos.