Después de 18 días de paro de labores en los juzgados civiles y penales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, el cual ha ocasionado que miles de procesos y expedientes se encuentren detenidos y de que las audiencias se difieran hasta cuatro meses, abogados postulantes analizan promover un amparo en contra de dicho órgano por la falta de procuración de justicia hacia sus clientes y para que se reabran las instalaciones.

Érik Xicoténcatl Cortés, un litigante, expresó que hay juicios detenidos completamente, por lo que es urgente que se reinicien las labores cuanto antes, ya que las audiencias programadas que se tenían desde febrero pasaron a junio y podrán desahogarse hasta octubre, si bien nos va.

De su lado, la agrupación Colegio Nacional de Voces Jurídicas por México se expresó porque pronto se resuelva el conflicto. Martín Alberto Sánchez, integrante de esa organización, reconoció que los trabajadores se enfrentan a muchos retos todos los días; por ejemplo, la creación de las unidades de gestión para tramitar exhortos son un fracaso, un trámite que antes se hacia en 15 o 20 días máximo ahora lleva cuatro meses; sin embargo, a nosotros como litigantes los clientes nos reclaman y hasta dudan de que realmente estemos trabajando.

Los abogados señalaron que algunos asuntos que se podían resolver en seis u ocho meses ahora podrán realizarse hasta en dos años por la suspensión de actividades.

Por su parte, la especialista en derecho procesal de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luz Hernández, afirmó que se podría recurrir a un juicio de amparo contra el tribunal de manera colectiva o individual en juzgados federales para que en cuanto se reanuden labores se reagenden citas y las audiencias lo antes posible.

En entrevista, la académica dijo que el juicio podría ser presentado también por todo aquel que tenga un asunto o haya iniciado alguno, ya que una opción para avanzar en los procesos como pensiones alimenticias sería recurrir a mediadores particulares que también se enfocan en el ámbito civil y mercantil.

Explicó que el amparo procede ante violaciones a los derechos humanos y uno de los más importantes es el acceso a la tutela judicial efectiva o a la impartición de justicia.

Desde el 29 de mayo se mantienen cerradas las instalaciones de los juzgados familiares ubicados en la avenida Juárez, y días después hicieron lo mismo con los juzgados civiles y penales, así como los anexos a los reclusorios Norte, Sur y Oriente que suspendieron labores.

En un comunicado, los trabajadores señalaron ayer que seguirá el paro hasta que no se dé una respuesta aceptando las peticiones o en su defecto se presente una contrapropuesta.