San Salvador., Más de 2 mil soldados y policías establecieron el sábado un cerco alrededor de una populosa comunidad en la periferia este de la capital salvadoreña, debido a que supuestos pandilleros han intentado regresar y reorganizarse en la zona, que se creía libre de estos grupos criminales, informó el presidente Nayib Bukele.

Hoy en la madrugada desplegamos un cerco de seguridad con mil 500 soldados y 500 policías. Vamos a extraer hasta el último terrorista que esté escondido en esa zona, informó Bukele antenoche en su cuenta oficial de la red social X.

En San Bartolo, Ilopango, algunos pandilleros han intentado regresar y reorganizarse. La inteligencia policial y las denuncias de la población lo han confirmado. Vamos a extraer hasta al último terrorista que esté escondido en esa zona, advirtió el mandatario.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que, junto al ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante Francis Merino Monroy, “verificamos la ejecución de un nuevo cerco de seguridad en San Bartolo, Ilopango, conformado por hombres y mujeres de nuestras fuerzas del orden.

Nuestro objetivo es claro: localizar y capturar a los remanentes de pandillas que aún intentan sembrar temor y causar daño a los salvadoreños de bien. No vamos a dar un solo paso atrás, agregó el funcionario, quien publicó fotografías del despliegue de unidades de la policía y de la fuerza armada.

Esta es la primera operación en gran escala realizada por las fuerzas de seguridad en 2025 para combatir a las maras o pandillas, que durante más de tres décadas prácticamente mantuvieron el control de populosos barrios y comunidades, donde imponían su ley de ver, oír y callar.

El gobierno de Bukele comenzó a implementar los cercos militares en 2022 como parte de la quinta fase de su plan de seguridad para combatir a las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes cometidos en el país centroamericano.

Después de que las pandillas asesinaron a 62 personas en una sola jornada, el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó la solicitud de Bukele de decretar un estado de excepción, que suspende varias garantías constitucionales. Esta medida, según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.

El régimen de excepción suspende derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extiende el plazo de detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

El Congreso, controlado por el partido Nuevas Ideas –afín a Bukele–, también reformó el Código Penal para tipificar como delito la pertenencia a una pandilla, lo cual conlleva penas de entre 20 y 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

El gobierno asegura que, con las medidas extraordinarias, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6 mil 665 homicidios –106 por cada 100 mil habitantes– y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo.

El Salvador cerró 2024 con un mínimo histórico de 114 homicidios, un promedio de 0.3 asesinatos al día y sólo uno durante diciembre, ante lo cual Bukele aseguró que ahora es el país más seguro del hemisferio occidental.

Durante la vigencia del régimen de excepción, las autoridades han detenido a más de 86 mil 400 personas por cargos de pertenencia o asociación a pandillas. Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que 90 por ciento de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de juicio y que más de 8 mil han tenido que ser liberados por falta de pruebas.

En tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que podría haber hasta 25 mil inocentes encarcelados.

La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario ha documentado la muerte de 418 personas bajo custodia de las autoridades. El organismo asegura que 94 por ciento de los fallecidos no tenía perfil de pandillero.

En este contexto, la Corte Suprema de Justicia admitió parcialmente este fin de semana un recurso de habeas corpus a favor del abogado Enrique Anaya, detenido hace dos semanas por el supuesto delito de lavado de dinero, informó su defensa legal.

Anaya, un abogado constitucionalista que se convirtió en una de las voces críticas del gobierno de Bukele –al que ha calificado reiteradamente como inconstitucional y dictador–, continúa recluido en las bartolinas de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil.