ada semana, millones de inmigrantes en Estados Unidos envían dinero electrónicamente a través de las fronteras a sus familias y lugares de origen, no porque puedan, sino porque tienen que hacerlo. Esos fondos pueden significar comida, inscripciones escolares pagadas o medicamentos para un enfermo. Ahora, Trump y los republicanos quieren imponer un impuesto oneroso sobre esas remesas, como parte del proyecto de ley de presupuesto aprobado recientemente por la Cámara de Representantes.

La versión del Senado de esta sección del proyecto de ley, publicada el lunes, aún contiene un impuesto de 3.5 por ciento sobre las remesas, pero con nuevas lagunas legales. Ahora se aplica principalmente a los extranjeros que pagan remesas en efectivo: un impuesto regresivo para los inmigrantes más pobres y con menor acceso a servicios bancarios.

Cuando los inmigrantes envían dinero al extranjero, no es sólo para sus padres o hijos; también ayuda a comunidades enteras a sobrevivir. Ayuda a reconstruir una escuela o a comprar una ambulancia para el hospital local. Incluso, con recursos limitados, los inmigrantes encuentran la manera de guardar dinero y enviar lo que pueden porque alguien cuenta con ello: a veces un padre, a veces un pueblo entero. Las remesas no son un lujo, son un salvavidas.

Se estima que los migrantes pagan cerca de 580 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales anualmente; tan sólo los migrantes indocumentados pagan aproximadamente 100 mil millones de dólares, y eso ni siquiera incluye a los millones de ciudadanos nacidos en Estados Unidos con familias migrantes. Mientras, las 400 familias más ricas de este país pagan una tasa impositiva más baja que el estadunidense promedio. En 2024, Tesla, la empresa de Elon Musk, no pagó ni un dólar en impuestos federales sobre la renta, a pesar de reportar 2.3 mil millones de dólares en ingresos. Entre 2013 y 2018, la riqueza combinada de 26 de los multimillonarios más ricos se disparó en 500 mil millones de dólares, y sólo pagaron 24 mil millones de dólares en impuestos federales sobre la renta.

Gravar las remesas no únicamente reduce la cantidad de dinero que se envía, sino también reduce la estabilidad financiera de las familias en países como México, India, Nigeria y Filipinas. En muchos de los países receptores, esos dólares rinden más que la inversión extranjera, llegando a menudo a personas y comunidades a las que los bancos y los gobiernos no llegan. Para innumerables familias, las remesas son su única red de seguridad. Imponer impuestos sólo aumenta la presión, hundiendo a las familias en la pobreza, obligando a más personas a abandonar sus hogares y alimentando precisamente el desplazamiento y la migración que los republicanos afirman querer detener.

Si las remesas se vuelven demasiado caras o difíciles de enviar, la gente no dejará de enviarlas; simplemente se verá empujada a formas más arriesgadas de hacerlo. Esto significa usar aplicaciones no reguladas, entregar dinero a mensajeros o confiar en alguien que conoce a alguien. Y es entonces cuando las estafas, el robo y las tarifas abusivas se vuelven comunes. También abre la puerta para que el crimen organizado ocupe el vacío, interviniendo donde los gobiernos fallan y ganando influencia no únicamente en el extranjero, sino también aquí en Estados Unidos.

Cuando se grava la dignidad, no sólo se quita el dinero. Se empuja a la gente al peligro.

Esto supone una doble imposición para quienes hacen algunos de los trabajos más duros de este país, con salarios miserables y las menores protecciones laborales. Mientras los multimillonarios explotan las lagunas fiscales, este gobierno quiere pasarle la factura a los trabajadores esenciales: quienes hacen el trabajo que mantiene a este país en marcha.

Esto forma parte de una campaña constante para dificultar la vida de todas las familias trabajadoras. Lo hemos visto en los recortes a Medicaid, Medicare y programas de asistencia alimentaria como el SNAP, y en los constantes ataques políticos que convierten la identidad inmigrante en algo que temer. Este impuesto debe ser rechazado en su totalidad. Nunca debió haberse incluido en el proyecto de ley, y su aprobación en la Cámara de Representantes es un insulto a todos los que trabajan arduamente para mantener funcionando a Estados Unidos, por eso pido a mis colegas de la Cámara y el Senado que se opongan a este impuesto en la versión final del proyecto de ley. Si a la administración Trump le importara reducir la migración, no estaría dificultando la vida de las familias que los migrantes dejan atrás.

Los migrantes ya cumplen con sus obligaciones financieras aquí. Deberían tener la libertad de usar el dinero que ganaron con tanto esfuerzo como deseen, ya sea para reconstruir un puente o comprar medicamentos para sus madres.

Si realmente buscamos la justicia, deberíamos imponer impuestos a los multimillonarios, no a quienes limpian nuestras oficinas, cuidan a nuestros padres y abuelos y sostienen esta economía sobre sus espaldas.

* Sobre el autor: el Congresista Jesús Chuy García representa al cuarto distrito de Illinois y es el primer migrante mexicano del medio oeste elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Con más de 40 años de servicio público, Chuy ha defendido los derechos de los migrantes, la atención médica y los derechos de los trabajadores. Este artículo fue publicado originalmente en el diario Chicago Tribune