Por el aplazamiento de la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo de este año, al pasar de mayo a agosto debido los comicios del Poder Judicial, las alcaldías podrán comprometer la aplicación de dichos recursos hasta el 15 de diciembre.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso local una iniciativa de reforma al régimen transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, a efecto de que por única ocasión el plazo en que los órganos político-administrativos formalicen obligaciones del gasto destinado a obra pública y adquisiciones relacionadas con el presupuesto participativo para que se prorroguen del 31 de octubre al 15 de diciembre.

Además, la reforma suprime la obligación de las alcaldías de reportar que fueron efectivamente devengados dichos recursos al 31 de diciembre, con lo que deja abierto el periodo para registrar ese gasto.

En la exposición de motivos, Brugada refiere que la reforma a la Constitución federal en materia de Poder Judicial de septiembre pasado, y de la Ciudad de México promulgada en diciembre, en las que se dispuso realizar la primera elección de personas juzgadoras en el ámbito federal y local el 1º de junio, generó la necesidad de modificar plazos de los procesos de participación ciudadana.

A fin de garantizar la aplicación de dichos fondos este año, se reformó la Ley de Participación Ciudadana a efecto de realizar la consulta correspondiente el tercer domingo de agosto. Esta nueva programación podría afectar el cumplimiento de los plazos que establece la ley para el ejercicio de esos recursos, por lo que de manera excepcional resulta necesario modificar las fechas.

Es fundamental salvaguardar los derechos políticos y de participación de la ciudadanía; por ello, la iniciativa tiene por objeto permitir, por única ocasión y en el marco de la reforma al Poder Judicial, que los recursos del presupuesto participativo para 2025 se comprometan hasta el 15 de diciembre de 2025.