El rezago en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrastra asuntos que debieron dictaminarse hace meses para evitar su inminente desestimación, es decir, cerrarlos sin resolver el fondo. Si-guen pendientes al menos 11 impugnaciones contra la reforma y elección judicial, pese a que el proceso electoral está en su última recta. También hay decenas de casos contra la extinción de fideicomisos y órganos autónomos –ya concretada–, así como contrarreformas a leyes de minería y agua, las cuales fueron blindadas constitucionalmente.

Datos del máximo tribunal señalan que hasta la semana pasada había, al menos, mil 248 asuntos sin resolución: 628 en el pleno, 509 en la primera sala y 111 en la segunda sala. La mayoría quedarán sin resolverse y serán heredados a la nueva integración de nueve ministros que tomará posesión el 1º de septiem-bre próximo.

El atraso responde a la transición en el Poder Judicial de la Federación (PJF) luego de la reforma constitucional promulgada el 15 de septiembre de 2024. Los ministros redujeron las sesiones de tres a una por semana en el pleno, y de una cada ocho días a una cada 15 en las salas. En ese contexto, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf invirtieron tiempo en sus campañas para relegirse por vía del voto popular, lo que consiguieron.

Entre los pendientes hay 204 acciones de inconstitucionalidad en temas como las reformas promovidas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la extinción de fideicomisos, la desa-parición de órganos autónomos, las leyes de Austeridad Republicana y Comunicación Social y la relativa a concesiones mineras y agua, protegidas con ajustes a la Carta Magna.

Asimismo, se encuentran sin resolver 34 amparos directos sobre juicios de nulidad por multas impuestas a empresas y por el interés superior de la niñez, y 241 amparos en revisión relacionados con operaciones fiscales inexistentes o créditos cobrados por el SAT, como en el caso de Grupo Salinas, que suma adeudos superiores a 35 mil millones de pesos.

De igual forma, destacan 171 amparos en revisión sobre prisión preventiva oficiosa; 11 relativas a la suspensión de actividades relacionadas con la reforma judicial y el proceso electoral, y 297 controversias constitucionales por leyes de ingresos municipales y límites territoriales, entre otros asuntos.

A lo anterior se suman 195 expedientes sobre contradicciones de criterios e impedimentos, muchos ligados a casos fiscales. Entre ellos, resaltan dos asuntos contra México pospuestos: el García Rodríguez y el Tzompaxtle Tec-pile, ambos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prisión preventiva oficiosa y arraigo.