En México hay una crisis de violencia contra las mujeres. Las reformas constitucionales y legales han sido positivas, pero no tienen impacto en la realidad de ese sector de la población, víctima de homicidios, ataques con ácido y otros delitos, cuyas investigaciones se realizan sin perspectiva de género ni garantía de acceso a la justicia. De igual forma, las mujeres migrantes que huyen de sus lugares de origen por causa de la violencia se topan con un entorno igual de hostil, afirmaron organizaciones civiles.

En dos informes alternativos, las agrupaciones dan cuenta de desafíos que hasta ahora, afirmaron, no han tenido la respuesta necesaria y suficiente de parte del Estado mexicano, que a partir de hoy comparece ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en Ginebra, Suiza.

Uno de los informes fue elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), donde aseguran que 10 mujeres son asesinadas a diario, pero menos de una cuarta parte de los casos se investiga como feminicidio.

En tanto, el Registro Nacional de Personas desaparecidas y No localizadas reporta 29 mil 509 féminas en esta condición, mientras el informe del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en México refiere que entre 2018 y marzo de 2025 se incorporaron 171 defensoras y 614 periodistas, de las cuales 146 y 561, respectivamente, cuentan con medidas.

Entre 2018 y 2024, 39 mujeres defensoras fueron asesinadas y cuatro desaparecidas. Destacan aquellas que se han dedicado a la defensa de la tierra y el territorio. En el mismo periodo, 16 defensoras fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría eran indígenas, asegura el informe.

En el documento relativo a las migrantes, elaborado por el Instituto para las Mujeres en la Migración y Mujer, Salud y Migración, entre otras, destaca que el endurecimiento de la política en la materia, la creciente militarización y la presencia del crimen organizado en las rutas hacia la frontera con Estados Unidos, ha provocado situaciones de violencia de género institucional y discriminación múltiple.

Recordaron la información recabada en 2024 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, según la cual todas las mujeres entrevistadas habían sufrido algún tipo de violencia durante su recorrido por el país.

Entre 2018 y 2024, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes abrió más de 10 mil investigaciones y ninguna fue judicializada. Las organizaciones señalaron que a esto se suma el racismo, la hipersexualización y el temor a denunciar por miedo a represalias como la deportación.

Otros datos oficiales indican que entre 2019 y 2024 tres de cada 10 migrantes detenidos fueron mujeres, así como cuatro de cada 10 solicitantes de asilo.

En materia de libre tránsito, y pese a recomendaciones previas del Comité Cedaw, en México la regla es la detención migratoria, acusa.

Las organizaciones civiles exhortaron al comité a revisar estos y otros temas pendientes en el país y emitir nuevas recomendaciones al Estado mexicano para, realmente, erradicar la violencia contra las mujeres.

Advirtieron que no es posible afirmar que es tiempo de mujeres si se carece de acciones concretas para garantizar la protección y ejercicio de todos sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos y el acceso a la justicia.