ifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que elabora el Inegi indican que en el primer trimestre la población del país llegó a 130.4 millones de habitantes, 0.54% más que un año antes; de ellos, 102.3 m, 78.4%, tienen la edad laboral estadística (15 años o más) (gráfico 1).

De estos últimos – según nuestra clasificación UNITÉ – la población económicamente activa (PEA) la integran 65.8 millones y la no económicamente activa 36.5 m. De la PEA, 89.7% (50 m) tienen alguna ocupación y 10.3% (6.7 m) son población desocupada (2.3% en desocupación abierta y 8% en pasiva/disponible).

De la población ocupada (50 m), son trabajadores subordinados/remunerados 41 m (69.5%), por cuenta propia 13 m (22.1%), no remunerados 1.9 m (3.3%), y empleadores 3 m (5.2%).

Si la ocupación total (50 m) fue en el trimestre 0.2% inferior a 2024 (-120 mil puestos), por sectores disminuyó en el primario 3.57% y en el secundario 1.71%, y sólo aumentó en el terciario 0.8% (gráfico 2). El sector primario ocupa a 6.1 millones de personas (10.4%), el secundario a 14.6 m (24.7%), y el terciario a 37.9 m (64.3%).

Por nivel de ingresos, siete de cada 10 personas ocupadas (69.3%) perciben hasta dos salarios mínimos (gráfico 3); el resto de los niveles parecen tener una considerable distorsión, ya que el rubro no especificado es sumamente alto (17.1%).

Los trabajadores (as) en el IMSS (empleo formal) fueron en mayo 22.4 millones, sólo 23 mil más que en mayo de 2024 y 2 millones más que en mayo de 2019 (gráfico 4).

Así, en un comparativo de seis años (trim. 1 de 2019-trim. 1 de 2025) tenemos que la población de 15 años y más aumentó en 8.9 millones (1.5 m cada año), la ocupación 5.3 m (881 mil c/a), y el empleo formal (may 2019-may 2025) de trabajadores en el IMSS 2 m (332 mil c/a), cifras que (sin olvidar la pandemia) nos indican que vamos perdiendo la carrera del empleo pleno, indudable objetivo central de la política de desarrollo económico-social.

Sobre las pensiones, ante la coyuntura, reiteramos nuestra propuesta de crear un instituto nacional de pensiones que sea universal, solidario, suficiente y eficiente (las afore quedan a opción); un organismo, además, para fondear la deuda pública en condiciones óptimas para el país y los derechohabientes.

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