Por más argumentos que se expongan, el llamado a no votar este primero de junio en la primera elección judicial no es democrático, señaló la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso.

Tras los exhortos que han difundido ex consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), ex funcionarios electorales, políticos de la oposición y miembros del PAN y del PRI, la titular de la máxima instancia comicial del país subrayó que este proceso representa un momento clave para fortalecer nuestra vida institucional, para demostrar una vez más que la democracia mexicana se nutre de la participación ciudadana libre, informada y consciente.

En un mensaje que emitió antes de la sesión pública de ayer, Soto informó que la sala superior ha recibido 3 mil 864 asuntos relativos a este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, en los que aseguró que han actuado con legalidad, imparcialidad, independencia y transparencia. Cuatro días antes de que se lleve a cabo, afirmó que lo más sagrado en una democracia es ejercer el derecho a votar, analizar las candidaturas, decidir por la que consideren mejor y salir a ejercerlo.

A las autoridades electorales, dijo, les tocará, como en cada proceso comicial, garantizar que los resultados sean conforme a lo que determine la ciudadanía y que este ejercicio democrático se lleve a cabo con la máxima transparencia, imparcialidad y equidad, y con total apego a los principios constitucionales que han consolidado el sistema electoral a lo largo de más de tres décadas.

También hizo un llamado directo a los más de 3 mil 396 contendientes a ceñirse a las reglas que marcan la Constitución y las leyes electorales y a respetar los resultados, y a quienes resulten favorecidos con la confianza ciudadana, a desempeñar su encargo con alto profesionalismo.

La magistrada pidió a los 100 millones de mexicanos registrados en la Lista Nominal Electoral a que este domingo salgan a votar.

Por otro lado, el pleno de la sala superior confirmó 11 desechamientos del INE sobre denuncias de este proceso, al considerar infundados e inoperantes los agravios y estimar que el instituto actuó conforme a derecho.

No obstante, la magistrada Janine Otálora votó en contra, tras señalar que los acuerdos impugnados debían revocarse al haber sido emitidos por una autoridad incompetente. Pero las anulaciones fueron ratificadas por el bloque mayoritario de la sala superior, integrado por Soto y los magistrados Felipe Barrera y Felipe De la Mata.

Otálora también presentó un proyecto de sentencia en el que señalaba que el senador Gerardo Fernández Noroña y el diputado Sergio Gutiérrez Luna excedieron sus facultades y rebasaron la Constitución al pedir a INE la cancelación de 26 candidaturas al Poder Judicial, al hacer señalamientos de mala reputación y posibles vínculos con el crimen organizado.

El bloque mayoritario desechó la queja porque el INE dijo que no tiene facultades para anularlas, y la sala superior señaló que las solicitudes y todos los actos que analizaron son inválidos.

Otro asunto que no prosperó fue contra diputados de Morena que señalaron que no procede el desa- fuero del legislador Cuauhtémoc Blanco. El pleno consideró que la Comisión de Honestidad del partido guinda no puede intervenir en una atribución parlamentaria.