Buenos Aires. El gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei enfrenta una creciente ola de denuncias y resistencias ante lo que diversos sectores califican de grave retroceso institucional en Argentina.

El uso sistemático de decretos de necesidad y urgencia (DNU), sin debate parlamentario, ha sido señalado como una de las formas más autoritarias de administración desde el retorno a la democracia.

Ahora se multiplicaron las protestas sindicales, sociales, universitarias y judiciales. Un grupo de diputados nacionales de distintos bloques publicó un comunicado alertando sobre el deterioro de la libertad de expresión y convocó a defender la labor periodística, en un contexto de represión creciente.

El texto denuncia la escalada en las expresiones del presidente Javier Milei y de sus seguidores, que recurren al insulto, la descalificación y las denuncias contra periodistas como forma de deslegitimación.

Los parlamentarios advirtieron que esta dinámica afecta la convivencia democrática y el debate público y subrayaron que la Constitución Nacional tutela de forma categórica la libertad de prensa.

El uso del poder estatal para silenciar o disciplinar voces críticas es un síntoma claro de deriva autoritaria, afirmaron. En ese marco, convocaron a suscribir un compromiso público en defensa de la libertad de expresión, dirigido a fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades y ciudadanía.

El reclamo ocurre luego de que el gobierno impusiera nuevas restricciones al trabajo periodístico en la Casa Rosada. Desde esta semana, se limitará la cantidad de periodistas acreditados a un máximo de 30, frente a los más de 80 actuales, y el acceso se regulará según la audiencia solicitada de cada medio. También se restringirá el tiempo de uso del micrófono en conferencias, se prohibirá la reformulación de preguntas y no se podrá circular libremente por los pasillos ni tomar fotografías.

Además, los periodistas deberán vestir traje y quedarán sujetos a una evaluación objetiva de su trayectoria, sin precisarse los criterios.

La situación se agrava tras la represión ocurrida el pasado 21 de mayo durante una manifestación de jubilados, donde al menos 82 personas resultaron heridas, incluidos numerosos periodistas, fotógrafos y camarógrafos, y dos reporteros fueron detenidos. Uno de ellos, Pablo Grillo, permanece en estado crítico tras recibir el impacto de una granada de gas pimienta en la cabeza. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunció que el disparo fue realizado directamente por un gendarme, y exige justicia.

Gremio de trabajadores, en pie de lucha

En paralelo, el decreto del gobierno que prohíbe el derecho a huelga en sectores considerados esenciales generó rechazo generalizado en el movimiento obrero. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) denunció al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusándolo de violar las normas de libertad sindical. Según la denuncia, el DNU establece que el transporte aeronáutico debe mantener 75 por ciento de operatividad durante una huelga, replicando disposiciones que ya fueron declaradas inconstitucionales.

La medida atenta directamente contra la soberanía aeronáutica y el empleo argentino, advirtió APLA, que también recordó que este tipo de decretos ya fue suspendido judicialmente en el conflicto con Aerolíneas Argentinas en 2023. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también repudiaron el decreto y anunciaron que recurrirán a la justicia.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se sumó al rechazo, afirmando que la norma destruye a la industria nacional, amenaza el trabajo argentino y promueve la entrega a intereses extranjeros.

En este contexto, la CGT convocó para el próximo día 27 a un plenario de secretarios generales, delegados y su consejo directivo en el Salón Felipe Vallese en aras de definir medidas frente a la política de desregulación que también afecta a Vialidad Nacional.

A su vez, numerosos gremios, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sindicatos docentes y organizaciones de prensa, han manifestado su preocupación ante lo que consideran grave afrenta a la democracia y a los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional, así como en los convenios internacionales.

En medio de este escenario, se suma una nueva polémica vinculada al denominado blanqueo de capitales. El gobierno impulsó medidas que eliminan el control sobre el ingreso de dólares, permitiendo operaciones sin declarar ni origen ni monto. Esto ocurre mientras el presidente Milei califica como héroes a los evasores fiscales.

Escándalo financiero

A esto se agrega un escándalo financiero protagonizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien instó a los argentinos a sacar los dólares del colchón, pese a que él mismo mantiene parte de su patrimonio en un paraíso fiscal británico. Según se reveló, su fortuna personal se incrementó 2 mil 42 por ciento en pesos, pasando de 744 millones a más de 16 mil millones.