McAllen. El gobierno de Estados Unidos pretende poner fin a una política fundamental de migración que desde la década de 1990 ha ofrecido protecciones a los niños sin documentos que están bajo custodia federal, de acuerdo con expedientes judiciales presentados ayer.

El referido blindaje, conocido como Acuerdo Flores, limita en gran medida a 72 horas el tiempo que los niños que viajan solos o con familia indocumentada deben quedar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. También garantizan que los menores de edad estén en condiciones seguras y salubres.

Los abogados del gobierno calificaron el Acuerdo Flores de régimen intrusivo que ha osificado la estrategia migratoria federal. En una moción presentada ayer, sostienen que el convenio ya no es necesario después de que el Congreso aprobó leyes y que las agencias gubernamentales aplicaron protocolos con los estándares y regulaciones necesarios.

También culparon al convenio de haber aumentado el número de niños migrantes que han ingresado al país en las recientes tres décadas.

El 18 de julio, decisivo para el Acuerdo Flores

“El Acuerdo Flores ha cambiado el panorama del ingreso irregular al país en tanto que elimina algunos de los desincentivos de ingresar a Estados Unidos sin los documentos oficiales. La migración familiar ilegal apenas existía en 1997”, escribieron.

El presidente Donald Trump intentó poner fin a las protecciones durante su primer mandato, y sus aliados han criticado durante mucho tiempo el acuerdo.

Un documento judicial independiente, presentado por el gobierno y activistas, propone una audiencia para el 18 de julio ante la jueza Dolly Gee, presidenta de la Corte de distrito federal para California.

Los niños que buscan refugio en nuestro país deben ser recibidos con los brazos abiertos, no con encarcelamiento, privación y abuso, alegó Sergio Perez, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.

La moción del gobierno de Trump para desestimar este acuerdo, que hasta ahora impide que las autoridades encarcelen a menores de edad en condiciones brutales indefinidamente, es otro paso ilegal a un estadio de sacrificar la rendición de cuentas y la decencia humana en favor de una agenda política que pretende satanizar a los refugiados, dijo Perez.

El acuerdo hace alusión a una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda, en la que acusaba maltrato generalizado a los niños bajo custodia del gobierno estadunidense en la década de 1980, dio pie a una supervisión especial.