Washington. La Casa Blanca violó una orden judicial que prohíbe a los funcionarios deportar a migrantes a países que no son los suyos sin antes darles tiempo para objetar, dictaminó ayer un juez federal horas después de que el gobierno del presidente Donald Trump anunció la expulsión a África de ocho migrantes condenados por delitos violentos, entre ellos el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua.

Los informes inicialmente señalaron que los migrantes fueron enviados a Sudán del Sur; sin embargo, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, confirmó anoche en la red social X que se les expulsó a Yibuti. Además, responsabilizó al juez Brian E. Murphy, de Boston, por poner en peligro nuestras relaciones diplomáticas con múltiples naciones y las vidas de nuestro personal.

En audiencia de emergencia para la situación, el magistrado Murphy señaló que los ocho que iban a bordo del avión no tuvieron oportunidad de objetar que la de­portación podría ponerlos en peligro. Antes de la audiencia, funcionarios del gobierno calificaron a los magistrados de activistas por abogar por la liberación de criminales peligrosos.

Las autoridades expulsaron del país al grupo de detenidos horas después de que recibieron la notificación, sin poder contactar a abogados que denunciaran la medida. El gobierno argumentó que ellos tenían antecedentes en el sistema migratorio, y que anteriormente tuvieron oportunidad de expresar su temor a ser deportados a un país que no fuese el suyo.

En su alegato, añadieron que el juez no especificó cuánto tiempo debe pasar entre la notificación y la expulsión, lo que da margen a malos entendidos.

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, justificó la acción con el pretexto de que los países de origen de los migrantes –Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur– no los aceptarían de regreso.

Lyons subrayó en conferencia de prensa que los indocumentados son una amenaza a la seguridad nacional, tras proyectar varias fotos de personas que, según él y sin ofrecer pruebas, habían sido declaradas culpables de violación, homicidio, robo a mano armada y otros delitos.

Funcionarios del gobierno que en repetidas ocasiones se han enfrentado con los tribunales por frustrar sus intentos de deportar a grandes cantidades de migrantes expresaron su descontento tras enterarse de la decisión.

El presidente y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, están trabajando todos los días para sacar a estos criminales despiadados de nuestras calles, mientras estos jueces activistas están luchando para que regresen a suelo estadunidense, denunció Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, tras señalar que los detenidos eran monstruos que el Poder Judicial está tratando de proteger.

Funcionarios de Seguridad Nacional divulgaron pocos detalles sobre el vuelo de deportación. Aseguraron que despegó el martes con ocho personas a bordo y que ayer seguían bajo custodia; además, indicaron que no podían divulgar el destino final de los migrantes por seguridad operativa.

El hecho ocurre en medio de una amplia represión a la migración por parte del gobierno republicano, que prometió deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos de forma irregular. En este contexto, la compañía Walt Disney Co notificó a sus empleados de Florida que serán despedidos el próximo mes, luego de que la Corte Suprema dictaminó que la administración Trump puede revocar las protecciones para 350 mil venezolanos, informó el medio Bloomberg.

A su vez, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, anticipó durante un evento del medio Axios que el sitio web de la tarjeta dorada que anunció Trump, y que permite comprar la residencia permanente en Estados Unidos por 5 millones de dólares, se lanzará dentro de una semana.

En tanto, el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela informó que un nuevo vuelo con 90 migrantes connacionales arribó a Caracas, en momentos en que la administración Trump realizó el primer vuelo con 68 autodeportados hacia Colombia y Honduras, quienes recibieron tarjetas de débito del gobierno estadunidense por mil dólares y la oferta de solicitar la residencia en Estados Unidos en el futuro.