Washington. En otro revés al presidente Donald Trump, la Corte Suprema estadunidense impidió ayer que se reanude la deportación de migrantes venezolanos a los que acusa de estar ligados a organizaciones criminales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, lo que causó que el magnate acusara a la corte de bloquear decisiones para las que fue elegido en las urnas.

Con una votación de siete contra dos, la autoridad judicial bloqueó la medida por que no brinda suficiente tiempo para que los detenidos impugnen su expulsión. Los magistrados añadieron que la notificación, que se emite aproximadamente 24 horas antes de la expulsión y que no cumple los requisitos legales, está desprovista de información sobre cómo ejercer los derechos al debido proceso.

Además de extender indefinidamente la prohibición a las deportaciones desde un centro de detención en el norte de Texas, el tribunal supremo devolverá el caso a la Corte Suprema de apelaciones del quinto distrito federal, juzgado que se negó a intervenir en abril, para que determine si es lícito el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que se usó en el pasado para confinar a ciudadanos estadunidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Donald Trump reaccionó con furia al fallo en su red Truth Social y aseguró que dicha autoridad no nos permitirá SACAR A LOS CRIMINALES DE NUESTRO PAÍS!.

Enfrentan riesgos graves

The New York Times informó que en su orden, los jueces afirmaron que los riesgos que enfrentan los detenidos son particularmente graves, y citaron el caso del residente de Maryland, Kilmar Armando Abrego García, quien fue deportado por error a la prisión de El Salvador en marzo. Hasta el momento, la administración Trump ha declarado que no puede repatriarlo, a pesar de una orden de los jueces para facilitar su regreso.

Asimismo, el rotativo indicó que el fallo es quizás un indicador de que la mayoría de los togados pueden ser escépticos sobre si la administración ha brindado a los migrantes suficientes protecciones del debido proceso antes de ser deportados, potencialmente a una prisión para terroristas en El Salvador.

Tras conocer la decisión, abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirmaron que los funcionarios del actual gobierno no han proporcionado a los migrantes la oportunidad de impugnar sus traslados a la prisión salvadoreña antes de que muchos de ellos fueran enviados en autobuses con destino al aeropuerto.

En tanto, Washington se deslindó de un supuesto programa de televisión con el nombre The American, en el que migrantes podrían competir para obtener la ciudadanía estadunidense, aunque el departamento encabezado por Kristi Noem confirmó que la idea existe.

La secretaria calificó el informe como completamente falso, y señaló que no respalda el programa ni tenía conocimiento de la propuesta.

En redes sociales, usuarios calificaron el concepto como grotesco y lo compararon con una versión de Los Juegos del Hambre o con la película distópica de 1987, The Running Man, donde personas compiten por su libertad en un concurso controlado por el Estado.

A su vez, el medio The Intercept reveló que la administración Trump apunta a establecer un gulag global al buscar lugares para retener a las personas deportadas, independientemente de sus países de origen, como lo hace en Cuba y El Salvador.

El portal reveló que Estados Unidos exploró e incluso cerró acuerdos con al menos 19 países, incluidos Angola, Benín, Costa Rica, El Salvador, Esuatini, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guyana, Honduras, Kosovo, Libia, Moldavia, Mongolia, Panamá, Ruanda, Arabia Saudita, Ucrania y Uzbekistán.

Estos son los planes de un régimen autoritario. Quieren gastar probablemente miles de millones de dólares de los contribuyentes para enviar a solicitantes de asilo a zonas de guerra o a países plagados de abusos contra los derechos humanos, declaró el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut.

Es verdaderamente alarmante que esta administración no considere humanas a las personas que huyen de la persecución o la tortura, y que el gobierno de Estados Unidos siquiera esté considerando esta propuesta, obviamente ilegal, agregó.