a discusión pública actual sobre el tema Zedillo-Fobaproa (1995) no es la única; algo semejante ya se está plantando con el movimiento magisterial de la CNTE la próxima semana, respecto al binomio Calderón-Ley del Issste (2007). Son discusiones de importante utilidad política porque sirven para ejemplificar el enorme poder que los presidentes tienen en México para impulsar iniciativas, a pesar de la enormidad de deuda pública que impliquen y pese a la cantidad de personas que resulten afectadas. No es un problema de personajes. En ambos casos –aunque no guste– se trata de presidentes que actuaron en uso de facultades legales como mandatarios. Como la actual presidenta, fueron jefes de gobierno y jefes de Estado en su periodo.

Lo que todo esto significa es que es el gobierno y en último término, el Estado, el que queda como responsable de esas decisiones. En el caso del Issste, responsable del enorme daño que ha causado a una gran cantidad de trabajadores incluyendo a maestras y maestros, que son cerca de 3 millones más sus familiares. Con esa ley no sólo se aumentó el requisito del número de años de servicio antes del retiro con pensión plena, sino que después de casi 20 años de experimento, es claro que resulta patentemente insuficiente para la vida en el retiro de la maestra o el maestro, y en contraste, representa un importante beneficio para los bancos privados. Vivir la última etapa de una vida de servicio público sujeta al empobrecido esquema privatizado de las afores es una cruel paradoja. Trabajamos décadas en un servicio público colectivo y nos retiran aislados a un rincón privatizado. Es un daño perfectamente cuantificable si se compara con las percepciones y la certeza del anterior esquema solidario.

Si se reconoce que la responsabilidad de lo aprobado es del Estado y se reconoce el daño que sufren y seguirán sufriendo un elevado número de trabajadores, entonces procede la reparación. Y esto significa, por lo menos, volver al esquema vigente hasta 2007. Fue el Estado, es el Estado el que tiene la palabra y la solución.

La falta de una elemental conexión de la autoridad con un sector social profundamente afectado –por poner un ejemplo– ya parece estar presente en universidades como la UAM y la UNAM, y se expresa en paros estudiantiles. Frente a esto, no es extraño que las autoridades llamen a mesas de diálogo para intercambiar opiniones, reconozcan que fue un error y hasta retiren la iniciativa que generó el descontento. Reparan un caso aislado, pero no se toca el sistema de gobierno universitario que hace posible que se tomen decisiones inconsultas una y otra vez mientras no haya reacción. O se ofrecen declaraciones, incluso por escrito, compromisos de no decidir sin antes consultar a los afectados, pero éstas pronto se olvidan o se consideran como el dicho de una administración anterior que no vale para las siguientes.

Es decir, se cruzan dos discursos que son parte de la herencia liberal del siglo XIX que cargan nuestras casas de estudio. Por un lado, el diálogo abierto y totalmente libre, pero por el otro, el respeto absoluto a todo trance, al orden inflexible y decidido por otros, que deben guardar los gobernados. En efecto, dirigiéndose al presidente Juárez, Gabino Barreda (Oración cívica, 1867) decía que debería existir “una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas,… que deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución que no sea meramente intelectual”.

Precioso. “(Pero) –continúa el texto– que el orden material, conservado a todo trance por los gobernantes y respetado por los gobernados, sea el garante… seguro de caminar siempre por el sendero florido del progreso y de la civilización.” Orden y progreso, ni más ni menos, el que se tradujo en una dictadura de 30 años y en una revolución (interrumpida) en el siglo XX. En esa combinación, todavía vigente, el diálogo sirve para apaciguar, conceder algunas notas, rebajar las demandas de los afectados, buscar soluciones de manera conjunta (como si el problema hubiera sido generado conjuntamente), pero no para cambiar el orden y la estructura de poder que lo respalda. La solución que no han dado las autoridades universitarias es reparar esas décadas de despojos y autoritarismo unilateral y crear, por ejemplo, dispositivos generales o específicos en cada unidad, que hagan reglamentariamente obligatoria una consulta entre los afectados antes de la decisión de ciertos tópicos por el rector o los órganos colegiados de gobierno.

Finalmente, se debe recordar que el genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza será recordado por muchos y por mucho tiempo, y avergonzará a sus propios jóvenes libres.

* UAM-X