Jueves 8 de mayo de 2025, p. 5
El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará al Congreso de la Unión que pruebe sus afirmaciones respecto de que 18 de los 26 candidatos a la elección judicial no son personas probas.
Según el proyecto de acuerdo que se someterá a votación este jueves, corresponde al Congreso la carga procesal de acreditar que el candidato impugnado no goza de buena reputación. Las eventuales pruebas serían consideradas por el INE en su análisis de elegibilidad, que tendrá lugar después del primero de junio y antes del día 15 del mismo mes.
El consejo general también identificará cuántas candidaturas fueron canceladas por renuncia voluntaria o por postulación múltiple a cargos distintos.
Antes de este reporte, el INE contabilizaba 3 mil 141 candidaturas: 64 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 38 para el Tribunal de Disciplina, 15 para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 95 para las salas regionales del mismo tribunal. Además, se registraron mil 638 candidaturas para tribunales de circuito y mil 864 para juzgados de distrito.
El INE también responderá a distintas candidaturas que presentaron preguntas específicas, por ejemplo, sobre lo permitido en el tramo final de la campaña, que concluye el 28 de mayo.
En el tribunal electoral de Oaxaca
La sala superior del TEPJF confirmó por unanimidad la designación de Sandra Pérez Cruz y Gloria Ángeles Cruz López como magistradas del tribunal electoral de Oaxaca, luego de que sus nombramientos fueran impugnados por supuestamente vulnerar el principio de alternancia de género. A propuesta de la magistrada Janine Otálora, se determinó que los argumentos eran infundados y no se violó dicho principio.
Adicionalmente, el magistrado Reyes Rodríguez presentó un proyecto de sentencia que propone convocar a elecciones extraordinarias en Pantelhó, Chiapas, durante el presente año. El proyecto también vincula a diversas autoridades para que adopten medidas de pacificación y seguridad que garanticen los derechos políticoelectorales de la población del municipio.