A pesar de las advertencias de organismos defensores de los derechos de los migrantes, hasta finales de abril, 47 mil personas indocumentadas en Estados Unidos se habían inscrito en el Requisito de Registro de Extranjeros, reactivado como parte de las políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump.

La cifra fue dada a conocer hace unos días por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Seguridad Interior.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el Uscis indicó que, al 29 de abril, 47 mil personas migrantes indocumentadas se habían registrado en el oficialmente llamado Alien Registration Requirement (ARR).

“Bajo la dirección de @Sec_Noem (Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior), implementamos el Requisito de Registro de Extranjeros para fortalecer la seguridad nacional, promover la rendición de cuentas y defender el estado de derecho. Mantenemos nuestro compromiso con la protección del territorio nacional y con el registro adecuado de cada extranjero en Estados Unidos”, señaló la dependencia.

Expertos recomiendan no ceder datos personales

Esta normativa fue relanzada por la Casa Blanca el 25 de febrero y obliga a registrarse a toda persona extranjera mayor de 14 años que haya permanecido más de 30 días en Estados Unidos sin autorización legal.

Expertos en leyes migratorias han expresado su preocupación y recomiendan no atender esta exigencia sin la asesoría previa de un abogado.

Instancias como el Centro Nacional de Derecho de Inmigración han advertido que no hay claridad sobre cómo y para qué se utilizará la información proporcionada por los migrantes, y si esta podría ser usada por las autoridades estadunidenses como evidencia para deportar o sancionar a quienes se registren.

La secretaria Noem ha declarado públicamente que la meta de este proceso es obligar a la gente a irse de Estados Unidos.

En un documento de recomendaciones publicado en su portal, el Centro Nacional de Derecho de Inmigración alertó que la medida podría tener consecuencias migratorias y penales.

En el ámbito migratorio, existe el riesgo de que el gobierno arreste y deporte a quien proporcione su información; mientras que, en lo penal, podrían ser acusados de haber cometido un delito federal relacionado con inmigración (ingreso o reingreso ilegal).