Pese a que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, admitió que una veintena de candidatos están vinculados al crimen organizado, esa Cámara presentó ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio general contra el procedimiento por el que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó constatar que los candidatos a cargos en el proceso electoral judicial no sean deudores ni prófugos de la justicia, al considerar que transgrede la tutela de los derechos humanos en el acceso a la justicia.

Hace dos semanas, el INE acordó revisar si algún candidato de la elección judicial cometió un hecho cuya consecuencia sea la pérdida de derechos político-electorales. Esa información será crucial para que el instituto otorgue o niegue las constancias de mayoría a los ganadores.

El asunto fue turnado al magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien deberá elaborar el proyecto de sentencia sobre el acuerdo del INE.

El juicio sostiene que, aunque el instituto es la autoridad administrativa electoral máxima, todas las autoridades del Estado deben garantizar los derechos humanos, como el derecho al voto. Argumenta que el acuerdo impugnado carece de fundamento al no permitir verificar requisitos de idoneidad, por lo que se considera inconstitucional.

Sin embargo, el escrito –de 14 cuartillas– no expone agravios claros, más allá de señalar que el INE debe vigilar los procesos electorales, sin atribuciones para evaluar la idoneidad de las candidaturas.

Ordena el TEPJF revisar el caso Gutiérrez Priego

Por unanimidad, la sala superior del TEPJF ordenó el pasado miércoles al Consejo General del INE analizar el caso de César Mario Gutiérrez Priego, cuya candidatura a ministro fue impugnada por un ciudadano al asegurar que incumple con los requisitos de elegibilidad.

El proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, admitido por unanimidad, señala que no toca hacer el estudio a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, sino al Consejo General.

Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez impugnó la determinación del área ejecutiva del instituto, ante el cual solicitó la cancelación de la candidatura de Gutiérrez Priego (hijo del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, preso por vínculos con organizaciones criminales).