La Haya., Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y palestinos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusaron ayer a Israel de violar el derecho internacional al no permitir la entrada de ayuda a la franja de Gaza, en el primer día de audiencias sobre las obligaciones de Israel de facilitar la entrega de ayuda.

En el contexto específico de la situación actual en los Territorios Palestinos Ocupados, estas obligaciones implican permitir que todas las entidades pertinentes de la ONU realicen actividades en beneficio de la población local, afirmó Elinor Hammarskjöld, asesora jurídica de la organización.

El representante de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Ammar Hijazi, expuso a los jueces que “todas las panaderías de Gaza que reciben ayuda de la ONU se han visto obligadas a cerrar, y nueve de cada 10 palestinos no tienen acceso al agua potable; además, las instalaciones de almacenamiento de la ONU y otras agencias internacionales están vacías.

Hay hambre. La ayuda humanitaria se utiliza como arma de guerra, concluyó el representante palestino, en momentos en que el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, declaró a periodistas en Jerusalén: “este caso es parte de una persecución sistemática y de la deslegitimación de Israel.

Acuso a Unrwa (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente), acuso a la ONU, acuso al secretario general y acuso a todos aquellos que han utilizado el derecho internacional y sus instituciones como arma para privar al país más atacado del mundo, Israel, de su derecho más básico a defenderse, añadió.

El canciller subrayó que no es Israel quien debería estar siendo juzgado, sino la ONU y la Unrwa; autoridades de Tel Aviv acusaron a algunos empleados de la agencia de estar implicados en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

La CIJ dio inicio a cinco días de audiencias para aclarar qué debe hacer Israel respecto a la presencia de la ONU y sus agencias, organizaciones internacionales o de otros estados para asegurar y facilitar la entrada sin obstáculos de suministros urgentes esenciales para la supervivencia de la población palestina.

Un panel de 15 jueces pronunciará un dictamen consultivo, que no es vinculante, después de que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en diciembre, por amplia mayoría, una resolución para pedir que la CIJ emita una opinión consultiva con urgencia máxima.

Los magistrados escucharán los argumentos de una decena de estados, del representante de los palestinos y de varias organizaciones, en un contexto de bloqueo impuesto por Israel hace casi 50 días a la entrada de ayuda a la franja de Gaza.

Desde el 2 de marzo Israel cortó todos los suministros a los 2.3 millones de habitantes del enclave y los alimentos almacenados durante el alto el fuego de principios de año prácticamente se agotaron.