La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme una sentencia por 158 millones de pesos de multa a estadunidenses que en diciembre de 2022 pretendieron introducir al país cuatro pagarés por 40 millones de dólares mediante paquetería, sin informar de dicha cantidad a la empresa que transportó los bonos hasta el Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que violó la Ley Aduanera.

La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, desechó por improcedente el amparo directo en revisión promovido por Michelle W. Fournier por medio del despacho estadunidense Morgan, Lewis & Bockius LLP, y de su representante legal en México, Eduardo Valencia Concha, con el que buscaban revocar la sentencia de un tribunal federal que ya había rechazado una impugnación.

El caso cobró notoriedad el 15 de diciembre de 2022, cuando la Guardia Nacional (GN) anunció que había interceptado en el Aeropuerto Internacional de Toluca un cheque y cuatro pagarés por más de 40 millones de dólares, equivalentes en ese momento a aproximadamente 786 millones de pesos.

La autoridad mexicana informó que el aseguramiento fue resultado de inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y paquetería. El primer envío, procedente de Florida, contenía un cheque por 28 mil 227 dólares; el segundo, originario de Connecticut y con destino a la Ciudad de México, incluía cuatro títulos de crédito (pagarés) originales por cobrar, que en conjunto sumaban 40 millones de dólares.

Tras el decomiso de los documentos financieros, el 11 de mayo de 2023 la Agencia Nacional de Aduanas de México impuso a la propietaria de los pagarés una multa por 158 millones 513 mil 962 pesos al incumplir el artículo 9 de la Ley Aduanera. Esta disposición obliga a declarar ante la autoridad respectiva cualquier cantidad superior equivalente a 10 mil dólares en efectivo, cheques, órdenes de pago u otros documentos por cobrar al ingresar o salir del país.

La multa fue confirmada el 14 de diciembre de 2023 por la primera sala especializada en materia de comercio exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aunque la parte afectada impugnó la resolución, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México resolvió no conceder el amparo.

Los afectados argumentaron, entre otras cosas, que la sala interpretó erróneamente que estaban obligados a informar a la empresa de mensajería –cuyo nombre se reservó– sobre su intención de introducir al país cuatro documentos por dicha cantidad, pasando por alto que, por las características de dichos pagarés, se encuentran excluidos de dicha obligación informativa.

No obstante, el tribunal colegiado consideró infundados los argumentos y rechazó otorgar el recurso. En consecuencia, el caso fue llevado a la SCJN mediante un amparo directo en revisión, pero fue desechado por la presidencia del alto tribunal.