n la fiesta de Jesús de Nazaret, la niña Marcela fue encarcelada por órdenes de Lorenzo, presidente de la asociación civil Certeza y justicia para los pueblos originarios de Cochoapa el Grande. El suegro la acusó de infidelidad. Presentó como prueba el celular de la menor, donde encontró algunas fotografías de Samuel, el supuesto amante. Los encerraron en la misma celda para evidenciar sus amoríos. Al quinto día citaron a los padres de Samuel y a la madre de Marcela para negociar su libertad. Lorenzo, apelando a los usos y costumbres, se erigió como juez y salió en defensa del esposo. Zeferino, hermano de Lorenzo, planteó la disolución del matrimonio de su hijo.

Marcela, huérfana de padre, fue obligada a casarse a los 14 años. El suegro pagó 200 mil pesos como parte de la dote. Esta compra indigna sometió a la niña a largas jornadas de trabajo. No tuvo oportunidad de estudiar. Desde pequeña acompañó a su madre a los campos agrícolas de Sinaloa para contratarse como jornalera. Su hermano mayor tuvo la fortuna de cruzar la frontera y trabajar en Nueva York. Para su mamá es una bendición que su hijo sostenga a la familia.

Marcela representa a decenas de niñas indígenas que son víctimas de matrimonios forzados en la Montaña de Guerrero. Crecen en la indefensión total. Truncan su desarrollo y las esclavizan de por vida. Los hombres mayores deciden cuándo y con quién casarse. Las autoridades municipales se coluden con los padres y los suegros. Las síndicas de Metlatónoc y Cochoapa el Grande entran al negocio como defensoras de los suegros que se sienten ofendidos por las esposas desobedientes. Las citan para reprenderlas y encarcelarlas.

La violencia que padecen es irrefrenable y la sobrecarga de trabajo, interminable. Su silencio y sumisión es lo único que valoran; sin embargo, los problemas se complican cuando se rebelan. Los asesores de las síndicas se encargan de amedrentarlas. Cuando las niñas no se arredran al encarar al marido golpeador, llaman a sus padres para exigirles el dinero que recibieron del suegro.

Les va peor cuando acuden a la fiscalía regional de Tlapa. La indiferencia, el despotismo y el trato discriminatorio truncan su afán de justicia. En lugar de encontrar cobijo, experimentan el desprecio por ser indígenas. La violencia que sufren las niñas es como una moneda de cambio. Le ponen precio al delito y quienes pierden son las víctimas.

Los matrimonios infantiles son redituables para el fiscal de asuntos indígenas. El dominio del idioma Ñu savi no es para darle mayor impulso a las investigaciones, sino para sacar la mejor tajada con las dos partes. Sabe que la gente de la Montaña teme a la justicia ladina y que prefieren arreglarse con el Ministerio Público, en lugar de enfrentar una carpeta de investigación por trata de personas.

Las autoridades del estado se han desentendido de las alertas por violencia feminicida (2017) y por agravio comparado (2020). La alerta violeta, que sólo se activa con el 911, es inoperante. Las desapariciones de niñas y mujeres son irrefrenables. Los matrimonios forzados, que se multiplican en las comunidades más pobres de la Montaña, no son un problema que preocupe a los gobernantes, porque no los ven ni los sufren. El mayor interés de los presidentes municipales son sus ganancias y su confort; sin embargo, en los ayuntamientos está la apuesta para prevenir la violencia contra las mujeres e inhibir los matrimonios forzados.

Las autoridades estatales están rebasadas. Hay un gran abismo entre las instituciones del estado y las comunidades indígenas. La Secretaría de Educación tiene sumidas en el analfabetismo a las niñas que sólo aprenden a cortar leña, a cultivar la tierra y a cuidar los chivos. La Secretaría de Salud ha dejado que la niñez indígena cargue con las enfermedades de la pobreza. Las muertes maternas no se registran porque las niñas madres mueren en los pisos de tierra. La Secretaría de la Mujer está lejos de los lugares donde las niñas son obligadas a casarse. La fiscalía estatal está presta para iniciar carpetas de investigación, pero contra las madres acusadas por abandono de sus hijos y del marido.

Marcela pagó cara la osadía de no regresar con su pareja. El delegado Lorenzo condicionó la libertad de los menores requiriendo la cantidad total de 700 mil pesos. De forma arbitraria determinó que los padres de Samuel paguen 450 mil pesos y que la madre de Marcela repare el daño con 250 mil. Cada parte firmó el compromiso de entregar el dinero el 30 de abril. Si no cumplen, Lorenzo decidirá el castigo que les impondrá. Sabe que en Cochoapa nadie llegará a defender a las niñas; en cambio, él dispone de policías y cárcel para imponer su ley.

Marcela huyó de Cochoapa porque sabe lo que le espera. Teme que a su madre la detengan. Luchará para ponerla a salvo. Tendrá que endeudarse para pagar el costo de su libertad.

Los agravios que padecen las niñas indígenas en el municipio más pobre de México son inconmensurables. Sufren en la soledad de las montañas los estragos del machismo y la indolencia de las autoridades. Los matrimonios forzados se modernizan: varios padres acuerdan los matrimonios de sus menores hijas con jóvenes que trabajan en Estados Unidos. Los coyotes tienen la encomienda de pasar a las niñas para cumplir los deseos de su futuro cónyugue.

Un caso deleznable aconteció en el estado de Texas. Las autoridades estadunidenses identificaron al papá de una niña de Cochoapa el Grande que vendió a su hija menor por 18 mil dólares a un joven de la comunidad. La niña fue forzada a vivir con la persona que no conocía. El juez ha ordenado su detención y la muchacha, que espera un bebé, quedó bajo resguardo del gobierno antimigrante de Trump.

* Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan