oner aranceles, de acuerdo con el capricho, el humor o con quien le hable al oído, ha resultado más fácil que deportar migrantes. A cada decreto presidencial de Trump le siguen decenas de demandas y juicios en las cortes, lo que no pasa con los aranceles.

Para empezar, la orden ejecutiva que reforma el derecho de suelo, o de nacimiento, ya fue cuestionada por anticonstitucional y sigue el proceso legal hasta llegar a la Corte Suprema, donde Trump tiene la mayoría y espera ser recompensado por los favores no devengados, a los que supuestamente tiene derecho.

Los migrantes, a lo largo de décadas, han ganado derechos en las cortes; muchas leyes estatales han sido derogadas por anticonstitucionales, como la proposición 187, de hace 30 años, en California, que dio pie otras muchas leyes estatales, la mayoría cuestionadas, porque en teoría el tema migratorio es federal y no estatal.

Una demanda importante que cambió el rumbo de la historia para los migrantes centroamericanos y otros en general fue el juicio de Jenny Lissette Flores, salvadoreña de 15 años, que estuvo detenida por meses, con adultos y con revisiones corporales diarias. Una demanda colectiva llegó a un acuerdo en 1988 (Flores Settlement Agreement, FSA), que establece una serie de condiciones para el cuidado de los menores; favorece la reunificación familiar, su liberación sin demoras, y que deben ser entregados a sus padres o tutores, entre otras medidas.

Este acuerdo ha sido cuestionado en diferentes instancias, incluso en la Corte Suprema y, sobre todo, ha sido el foco de ataque de Mr. Trump y sus secuaces. Lo que llevó al extremo de encerrar a niños en jaulas y separarlos de sus padres.

No obstante, el acuerdo Flores permitió un cambio radical en el patrón migratorio, que pasó de ser una migración laboral a una familiar, de menores no acompañados y de solicitantes de refugio. Los migrantes con familia sólo tenían que cruzar la frontera, dejarse capturar por la patrulla fronteriza y acogerse a las leyes vigentes. Esto llevó a la crisis humanitaria de 2014 con Obama y luego al incremento de los flujos migratorios de haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses, que podían acogerse al recurso de parole humanitario.

Ahora enfocan sus ataques a la medida de Joe Biden conocida como CBP ONE, que otorgaba el ingreso a los que utilizaran la aplicación y fueran aceptados para que los jueces analizaran su caso. Este acuerdo se logró, en parte, por la sugerencia de López Obrador de que se tenían que abrir vías legales para el ingreso, y funcionó. Bajaron los cruces subrepticios y cerca de un millón pudieron aplicar a esta vía de ingreso, pero ahora los que se acogieron a la medida están siendo amenazados y los obligan a autodeportarse.

Muchos migrantes que ingresaron con algún tipo de protección legal, humanitaria, pudieron cambiar de estatus o tienen sus casos en trámite; entre ellos muchos que tienen orden de deportación, pero que apelaron y cuyo caso se tramita en los juzgados.

No obstante, se han dado muchos otros en que los migrantes son llamados a las oficinas para ver su caso y tienen que optar, por recomendación de sus abogados, entre ir a la cita o pasar a la ilegalidad, porque a muchos que acuden a ver el avance de su trámite, los deportan. Es el caso de muchos matrimonios mixtos, entre ciudadanos e indocumentados, que llevan años tramitando su situación. Éstos iban a ser favorecidos por una orden ejecutiva de Biden, pero la hizo al cuarto para las 12 y luego perdió la elección.

Otra medida sacada de la manga es la obligación que tienen los indocumentados de registrase ante las autoridades de la Migra en línea, y si ésta no se lleva a cabo, el castigo puede ser mayor. Esto se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, en el caso de los alemanes y japoneses; obviamente, para reprimir a unos y meter a otros en campos de concentración. Es algo que en otros tiempos se consideró vergonzoso y anticonstitucional, pero que ahora no tienen vergüenza en resucitarlo. Veremos cuántos migrantes se registran.

La batalla legal de alto nivel se da en caso de Kilmar Ábrego García, salvadoreño que fue injustamente deportado, con los del Tren de Aragua a una cárcel de El Salvador, y con orden expresa del juez de no hacerlo y en abierto desacato. La Corte Suprema apoyó al juez local de manera unánime, pero la administración Trump no se da por enterada, no responde y evade el asunto.

El asunto es grave. De no hacerlo quedará en desacato, pero forma parte de la estrategia de Trump para desacreditar a los jueces que se oponen a sus dictámenes.

El campo migratorio está minado. Ahora la cacería va en sentido inverso, y el presidente está atacando a los jueces que se le oponen y a los magistrados y abogados que, de una u otra manera, apoyan a los migrantes o simplemente cumplen con lo que dice la legislación.