Zacatecas, Zac., El juez tercero de distrito Juan Antonio Huerta Vázquez emitió ayer tres amparos definitivos contra el viaducto elevado, obra que pretende construir el gobierno de Zacatecas, cuestionada por su alto costo, de 3 mil 652 millones de pesos, y sus 3.4 kilómetros de longitud en el tramo de los bulevares Adolfo López Mateos y Héroes de Chapultepec.

Los fallos amparan a dos grupos de ciudadanos, empresarios y comerciantes representados uno por el despacho Rada y Asociados, y el otro por la organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas. La tercera resolución fue a favor de su promotor el partido Movimiento Ciudadano estatal.

En este contexto, Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno monrealista, advirtió que dichos instrumentos jurídicos no significan que la obra no se vaya a hacer, pues todavía tienen la opción de recurrir ante el 23 Tribunal Colegiado de Circuito, y si esa instancia ratifica la suspensión definitiva todavía está la opción de pedir la revisión al máximo tribunal del país.

Contra el viaducto elevado se han interpuesto al menos seis recursos, en distintos momentos, que se están resolviendo en fechas distintas, y tres de ellos, son los que ahora han sido catalogados por el tercer juzgado de distrito, primero como amparos provisionales y ahora como definitivos.

En entrevista con La Jornada, Jorge Rada Luévano, representante del despacho promotor de un amparo, aceptó que la resolución judicial en el expediente 715/2025-VI, aún no es totalmente definitiva.

Explicó: en razón que la ley de amparo prevé una vía incidental, donde se conceden medidas cautelares, en este caso la suspensión.

Primero se le concedió a un grupo de ciudadanos, empresarios y comerciantes que el representa, una suspensión provisional, esperando que las autoridades (el gobierno del estado) muestren si tienen todos los documentos, y en caso de que no, conceder la suspensión definitiva, como así sucedió.

Pero esto no implica todavía la resolución de fondo del asunto, explicó el abogado, ya que falta la audiencia constitucional (que se realizará el 21 de abril), y ahí el juez, ya con todos los elementos, revisa y si falta una autorización, un permiso, o una licencia, concederá definitivamente el amparo a los quejosos.

Rada Luévano detalló que la Secretaría de Obras Públicas al parecer ya reunió prácticamente todos los permisos que le faltaban cuando arrancó la obra, en octubre de 2024.

También falta que durante la audiencia constitucional del 21 de abril, la administración de David Monreal Ávila, demuestre que ya consiguió dos permisos federales: uno de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otro del Instituto Nacional de Antropología e Historia.