Un juzgado de distrito declaró improcedente la acción de extinción que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende aplicar a una residencia en Ixtapa-Zihuatanejo, propiedad de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La jueza Esperanza Arias Vázquez, con sede en la Ciudad de México, consideró fundados los argumentos de Lozoya Austin para recuperar su residencia.

La juzgadora argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable porque Lozoya Austin compró el inmueble en 2013 y en ese tiempo la Constitución no consideraba el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como motivo para reclamar un bien.

En julio de 2019, el inmueble fue asegurado como parte de la carpeta de investigación que se inició por el caso Odebrecht, a causa del pago de sobornos de esa empresa brasileña, de lo cual está acusado Lozoya.

De acuerdo con las investigaciones, la residencia, valuada en 1.9 millones de dólares, fue comprada con recursos que Lozoya Austin recibió de Alonso Ancira, quien era propietario de Altos Hornos de México.

El empresario buscaba asegurar de esa manera que Pemex le comprara la empresa Agronitrogenados con un sobreprecio de 200 millones de dólares, según las pesquisas.

Arias Vázquez, titular del juzgado primero de distrito en materia de extinción de dominio, indicó en su fallo que el inmueble se relaciona con una investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita, iniciada casi dos años antes de que ese delito se incorporara al texto constitucional.