A más de una década de las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, son muy pocas las víctimas que han recibido reparación integral. En el primer caso, sucedido en 2010 con el hallazgo de 72 cuerpos en un rancho, apenas se han otorgado dichas medidas a cinco familiares de víctimas, informó México en su cuarto examen periódico ante el Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés).

En sesión de ayer, la delegación detalló que por la masacre de San Fernando, el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) reconoce a 65 víctimas directas y 132 indirectas. En 28 casos se han cubierto gastos funerarios y de repatriación, se han apoyado 11 traslados internos y 158 medidas de apoyo de distinta naturaleza, dijo Arturo Guerrero Zazueta, titular de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal.

Al momento, indicó, se han otorgado medidas de reparación a cinco víctimas fallecidas y a una persona sobreviviente, por un equivalente a 2.1 millones de dólares, y hay 16 expedientes pendientes de integrarse para la reparación.

En cuanto al caso de Cade­reyta, donde en 2012 se hallaron 49 torsos al borde de una carretera, Guerrero Zazueta admitió que el asunto se judicializó en 2021 contra cuatro personas por delincuencia organizada y el homicidio de las víctimas. El Renavi, mencionó, reconoce a 19 víctimas directas y 70 indirectas.

Hay 49 víctimas en la causa penal que están contando con asistencia o asesoría jurídica, ya se ha dado reparación a cinco personas y están pendientes de integración los otros expedientes, explicó.

La delegación mexicana igualmente reconoció que son mínimas las sentencias que se tienen por delitos cometidos contra migrantes, pues de 2019 a 2025 apenas sumaron 53, de las cuales 10 han sido absolutorias y 43 fueron condenatorias.

En la última sesión relativa al examen de México, que se inició el lunes pasado, al país también fue interrogado por los relatores del CMW sobre el incendio de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde en 2023 murieron 40 extranjeros y 27 más resultaron heridos, así como por la atención que brinda a niños, niñas y adolescentes migrantes.

Respecto a Ciudad Juárez, la representación mexicana aseguró que el gobierno ha trabajado en mejorar las estaciones y estancias migratorias en cuanto a infraestructura, equipo y capacitación del personal.

Sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes, afirmó que en todos los casos se les otorga la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, que existe en el momento en que los menores y sus familias son canalizadas a los centros de asistencia social. De 2019 a 2024, agregó, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados otorgó la condición de refugiado a 41 mil 610 menores no acompañados.