En su plan estratégico institucional 2025-2029, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) insiste en la necesidad de una reforma para fortalecer la autonomía de gestión y financiera de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, y para revisar el alcance de sus acciones e instrumentos, para dotarlos de mayor eficacia. Reconoce que las recomendaciones que emiten no se traducen necesariamente en la eliminación de las causas de las violaciones a las garantías fundamentales.

Esta situación no importaba mayor cosa cuando se creó la CNDH, pero es la mayor evidencia de que en el México de hoy, en medio de las transformaciones logradas y las que están en proceso, ya no cabe ese modelo. No funciona, porque es mera simulación, sostiene.

Por eso, también subraya que trabajan en acciones de prevención. Es tiempo, expone, de dejar atrás el modelo que convenientemente centraba todo en ponerle precio a las violaciones a derechos humanos y dar dinero a las víctimas para conformarlas. La verdad es que estamos frente a nuevos retos y enfrentarlos y sortearlos mejor, nos impone seguirnos transformando.

En este sentido, reitera en que trabajará para lograr la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, una propuesta que Rosario Piedra Ibarra planteó desde principios de 2023.

En su plan institucional, resalta también que en los próximos cuatro años ahondará en eliminar trámites que entorpecen el acceso a la justicia; fomentará la participación activa de las personas, centrándose en la cercanía con ellas, promoviendo una cultura de paz que fortalezca lo humano, es decir lo social y colectivo, y colaborará con las autoridades para prevenir futuras violaciones a las garantías.

Sobre la relación con el Estado, aclara que la CNDH no es una entidad ajena a éste, sino que es parte de él. La comisión, puntualiza, no mide su autonomía a partir de sus desencuentros con las autoridades ni se asume como contrapeso de ningún poder. Concebimos y practicamos una relación constructiva con todas las autoridades, en particular con el gobierno federal.

En el documento, la CNDH reafirma su prioridad de incorporar a la agenda de este organismo como parte de las garantías individuales, los derechos político-electorales, el la democracia, los económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como Desca.