ara muchos, es muy posible que para la mayoría de la población, la resistencia de los integrantes del aparato judicial por no perder privilegios –como los muy altos salarios y prestaciones que recibían– era el motivo principal de su rechazo a la transformación que ahora se impone, pero eso no es exacto. Es perder el manto de la impunidad que hoy los protege a lo que en verdad temen.

Lo más probable es que la justicia los alcance y se les juzgue por sus acciones, por ejemplo, en contra de los intereses de la nación, donde muchos tienen deudas pendientes.

Ministros que actuaban bajo sus propios criterios e impulsados por intereses que en nada se acercaban a la justicia tendrán que rendir cuentas. Luis María Aguilar, que nunca supuso que la ley y la justicia le tocaran un solo cabello, seguro tendrá que explicar muchas cosas.

Y no sólo él, la ministra Margarita Ríos-Farjat, Javier Lainez o la propia Norma Piña, junto con Alberto Pérez Dayán, seguramente tendrán que explicar su peculiar manera de interpretar la Constitución para dar siempre la razón a quienes perjudicaron el desarrollo del país con mayor equidad.

A eso le temen profundamente. El órgano que habrá de juzgar a ministros, magistrados, jueces y todos los demás del Poder Judicial que crea la reforma aprobada, tendrá su prueba de fuego cuando se toque el tema de la traición a los intereses nacionales y otras linduras cometidas al amparo de la impunidad.

Para la ministra Loretta Ortiz, ese paso es de la mayor importancia porque se trata de saldar cuentas con la gente y con la ley. Para ella, borrar la imagen de impunidad que rodea a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser un compromiso ineludible si se quiere que la gente confíe en los veredictos de esa instancia.

En ese sentido es que la idea de que los jueces, magistrados y ministros rindan cuentas de su gestión es lo que tiene más que preocupados a los señores y las señoras de la toga, que verán una gran dificultad cuando traten de explicar el porqué de sus decisiones desfavorables a la mayoría de la gente, esto incluida la libertad proporcionada a muchos delincuentes que atentan contra la seguridad, por eso es que los integrantes de ese poder no dejan de atacar… y de temblar.

De pasadita

Dicen en el Congreso de la Ciudad de México que hoy o antes de que termine la semana quedará saldado el nombramiento del o la fiscal para la capital del país.

El asunto no está desprovisto de algunos elementos propios de la conformación de una nueva tribus poderosas dentro de Morena, puesto que el nombramiento de Bertha María Alcalde Luján así lo mostraría.

El clan Batres-Alcalde Luján es otra gota del mismo veneno que mató al PRD y ese factor –el de la alianza de tribus– es el que supuestamente habría dilatado la elección de la nueva o del nuevo fiscal, pero no es todo.

Dentro del Congreso de la ciudad se habla de que la señora Alcalde Luján no pasó la prueba de confianza, o como se llame el trámite al que deben someterse los aspirantes, debido principalmente a ciertos datos que le impedirían asumir el cargo por más que presionen todos los miembros del clan.

Y es que se dice que su marido es un abogado de nombre Íker Ibarreche Pereda, quien supuestamente sería parte de una barra de abogados penalistas, principalmente, que están al servicio y defensa de Juan Collado –ex abogado de Enrique Peña Nieto y quien envió 450 mil dólares a José Salinas Pasalagua, sobrino del también ex presidente Carlos Salinas de Gortari– , quien fue acusado de blanqueo de dinero y es dueño, según se ha dicho, de una buena cantidad de millones de dólares depositados en un banco del principado de Andorra, lo cual parecía, hasta hace algunos días, un obstáculo infranqueable.

No obstante, parece que la fuerza tribal triunfó y Bertha María será fiscal y el clan ampliará su poder en la Ciudad de México. Ni modo.