El Congreso de la Unión cerró el primer periodo ordinario de la legislatura con una cifra récord en aprobación de reformas constitucionales: un total de 15, propuestas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum, en medio de la confrontación permanente de Morena con la oposición, que intentó desde su minoría tratar de evitar las modificaciones a la Carta Magna.

En los tres meses y medio de ese periodo, que comenzó el 1º de septiembre pasado, el trabajo fue vertiginoso, ya que Morena aprovechó la holgada mayoría calificada que tiene en la Cámara de Diputados y la que logró en el Senado (con la incorporación de dos ex perredistas y la controvertida del panista Miguel Ángel Yunes Márquez) para sacar la mayor parte de las reformas del plan C de López Obrador: 12 de las 17 que envió a San Lázaro el 5 de febrero de este año.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, comentó que trabajaron exhaustivamente, ya que las 15 reformas aprobadas, sobre todo la judicial, son la nueva normativa para echar a andar el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación.

La reforma al Poder Judicial se aprobó el 4 de septiembre en la Cámara de Diputados y el día 11 en el Senado, en sesiones maratónicas, incluso con cambios de sede para los senadores, que debieron irse a la vieja casona de Xicoténcatl, porque la oposición (con el PAN a la cabeza), tomó la tribuna en el edificio de Reforma e Insurgentes.

Asombro y rabia

Esa primera reforma, que posibilita la elección de jueces, magistrados y ministros, se pudo aprobar con el voto de Yunes Márquez, el número 86 requerido por Morena para lograr la mayoría calificada, entre el asombro y la rabia del PAN, que desde entonces siguió reprochando a los guindas que hubieran presionado al legislador, lo que incluso casi los lleva a los golpes.

En ambas cámaras se aprobaron varias enmiendas: la que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que elimina los órganos autónomos, la que incluye nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la que da mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la que recupera la rectoría del Estado en el petróleo y la electricidad, la que prohíbe los vapeadores y el fentanilo, que fueron las más discutidas por los opositores, en debates que se prolongaron hasta la madrugada.

En cambio, se aprobaron por unanimidad la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la que define que los aumentos al salario mínimo nunca estarán por debajo de la inflación y la de protección animal, así como la relativa a la igualdad sustantiva.

En febrero, cuando comienza el nuevo periodo, el Congreso debe expedir las leyes reglamentarias de esa reformas constitucionales. Hasta el momento ya sacaron tres en materia judicial.