Antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó dos leyes secundarias de la reforma judicial y de la modificación a la Carta Magna que establece la supremacía de la Constitución, entre las críticas de la oposición y la argumentación de Morena y sus aliados de que se sientan las bases para una impartición de justicia pronta y expedita.

La confrontación que se dio entre los guindas y los opositores a partir de septiembre en que se aprobó la reforma judicial, se repitió ayer y se escucharon las mismas quejas de PRI, PAN y MC en el sentido de que se resta autonomía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De entrada, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, expresó que las modificaciones a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y a la Ley Reglamentaria del 105, van encaminadas a consolidar un sistema judicial más eficiente e incluyente.

Precisó que en el caso de los cambios a la Ley de Amparo adecuan las disposiciones relativas a la integración de la Suprema Corte, que a partir de la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre, se integrará por nueve ministros y ministras, además de la desaparición de las dos salas de ese tribunal.

Uno de los puntos esenciales es que en materia de juicio de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.

En contraparte, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, sostuvo que el mal diseño de “la mal llamada reforma constitucional al Poder Judicial es en realidad un capricho por disolver de facto uno de los poderes públicos y esto los ha obligado a generar una serie de reformas secundarias, cuyo único logro es confundir, generar incertidumbre en la sociedad sobre cómo va a operar el nuevo sistema de justicia”.

Igualmente, la panista María de Jesús Díaz Marmolejo, insistió en que sólo se busca controlar al Poder Judicial y someterlo a la voluntad del Ejecutivo; y la senadora del PRI Claudia Anaya sostuvo que se acaba con los mecanismos democráticos de que disponían las minorias. No quieren que la gente pobre tenga justicia, dijo, ya que sólo los ricos podrán ampararse.

La ley secundaria en materia de amparo se aprobó con 67 votos a favor y 30 en contra y la legislación reglamentaria del 105 Constitucional con 71 votos a favor y 29 en contra. Ambas fueron turnadas a la Cámara de Diputados, que un día antes cerró trabajos.