l presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó a Estados Unidos las islas Galápagos para que las use como base militar. Mediante el Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular y el Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, el mandatario ultraderechista completó la demolición de la soberanía ecuatoriana iniciada por Lenín Moreno (2017-2021) y proseguida por Guillermo Lasso (2021-2023), quien firmó tres acuerdos que permiten a Washington mantener personal militar en territorio ecuatoriano con libertad de desplazamiento, controlar el tráfico aéreo y marítimo, y otorga inmunidad plena a los agentes extranjeros ante cualquier ilícito que cometan. En pocas palabras, establece un régimen colonial de facto.

De facto se da también la cesión de uno de los máximos y más frágiles tesoros naturales del planeta, pues el establecimiento de instalaciones militares de poderes foráneos se encuentra expresamente prohibido por la Constitución, cuyo artículo 5 declara a Ecuador un territorio de paz en el cual no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares; se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. En septiembre pasado, Noboa anunció una reforma constitucional para revertir la conquista ciudadana contra el injerencismo, pero no esperó a su trámite parlamentario para confirmar la subordinación de su gobierno a Washington y dar lo que, confía, será un golpe propagandístico de cara a las elecciones de febrero próximo.

La entrada de buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos al archipiélago, para la cual se adaptarán o construirán instalaciones adicionales en los puertos o aeropuertos locales, augura un desastre ecológico irreversible sin que la presencia estadunidense se traduzca en una mejora de la crisis de violencia que azota a la nación andina. Un solo dato basta para desengañar a cualquier político que abandere el discurso de la guerra contra el narco y la equiparación del crimen organizado con el terrorismo como coartada para poner a su país en manos de Washington: con la ocupación estadunidense de Afganistán, la producción de opio aumentó de alrededor de 180 toneladas en 2001 a más de 3 mil toneladas en 2002, y a más de 8 mil en 2007. Un crecimiento de 3 mil 900 por ciento bajo la mirada de quienes exigen al resto del mundo controlar el narcotráfico.

Ecuador tiene una experiencia de primera mano sobre los efectos de abrir las puertas a las fuerzas armadas de la superpotencia. Entre 1999 y 2009, también con el pretexto del combate al narcotráfico, las botas estadunidenses se asentaron en la estratégica base de Manta, ubicada en el centro de la costa ecuatoriana. El propósito real de la intervención militar era apoyar las operaciones de terrorismo de Estado perpetradas por el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia, reforzar el control geopolítico estadunidense y amenazar a los movimientos sociales y los gobiernos progresistas de la región. Durante la década en que estuvo activa la base tuvo un desempeño decepcionante en el combate al narcotráfico, como admitió la embajada de Estados Unidos en Quito al informar que contribuyó a la incautación de apenas 81 toneladas de drogas, en contraste con las 134 toneladas decomisadas sólo en 2005-2008 por la policía de Ecuador sin ayuda estadunidense. Lo que sí hicieron los soldados de este país fue generar un fenómeno de explotación sexual adolescente, encarecer la vida para los mantenses, detener migrantes y hundir los barcos en que se transportaban. Es decir, violar sistemáticamente los derechos humanos.

Con sus actos, Noboa, hijo de un empresario bananero que es el hombre más rico del país, confirma que las oligarquías latinoamericanas no tienen otro proyecto de clase y de nación que el entreguismo, y que siempre mirarán hacia la embajada americana cuando buscan sostener sus proyectos políticos en medio de crisis causadas por su propia codicia e incompetencia.