Organizaciones civiles advirtieron que la reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión, la cual prohíbe las actividades relacionadas con los cigarros electrónicos y otros dispositivos de administración de nicotina, se debe acompañar de una modificación a la Ley General de Salud para garantizar su cumplimiento y, en específico, determinar quiénes serán los responsables de ello, así como de aplicar las sanciones correspondientes.

Antes, señaló Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa, habrá que estar pendientes de los procesos legislativos en los estados para evitar la interferencia de la industria tabacalera que pudiera descarrilar el proceso.

Y es que, una vez que el Senado aprobó la reforma a los artículos cuarto y quinto de la Carta Magna, la iniciativa debe ser aprobada por, al menos, 17 congresos estatales para que proceda la declaratoria de constitucionalidad y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En ese momento, la medida entrará en vigor.

El activista resaltó que con la reforma, los legisladores dieron prioridad a la salud de las personas y sobre todo a la de niños y adolescentes a quienes se dirigen las estrategias de los fabricantes para inducirlos al consumo de vapeadores.

Consideró que la prohibición para producir, distribuir y comercializar los cigarros electrónicos es un paso más en el camino hacia la erradicación del tabaquismo en el país.

En México ha habido avances en esta materia con los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco a nivel nacional, la eliminación de todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio de esas mercancías, así como los impuestos que, aunque todavía son bajos, se actualizan con base en el índice nacional de precios al consumidor (INPC).

Otras acciones emprendidas por el gobierno federal han sido las reformas a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y los decretos presidenciales para evitar que el mercado se inunde de vapeadores y cigarros electrónicos, señaló Adriana Rocha Camarena, directora de sociedad civil en Polithink.

Guadalupe Ponciano, coordinadora del Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco, subrayó que con la decisión tomada en el Congreso de la Unión, los representantes populares demostraron que la protección al derecho a la salud y de los derechos de niñas y niños debe estar siempre por encima de los intereses monetarios de una industria que mata a más de la mitad de sus consumidores.