urante el régimen neoliberal, la tecnocracia político-empresarial que desde diciembre de 1982 se instaló en Los Pinos no dejó piedra sin labrar y se dedicó a exprimir los bienes de la nación por la vía de la privatización directa, el disfraz de subcontratación y o con vestimenta de asignaciones transparentes y democráticas al sector privado de las obras y servicios del área pública, todo con un onerosísimo cargo al erario, muchas de las cuales ni siquiera concluyeron y/o abastecieron, pero los beneficiarios sí cobraron hasta el último centavo mediante contratos leoninos.

Ejemplo del saqueo, de los muchos que se han documentado, es la privatización del sector salud (hospitales a medio construir o, de plano, abandonados; cártel de las medicinas; precios híperinflados; gravosa subcontratación de servicios médicos; centros de salud que en realidad eran cascarones; nosocomios rentados a los privados, etcétera, etcétera). La sangría fue brutal, permanente y descarada, mientras el pulpo de la medicina privada nadaba libremente en el mar de la corrupción, como en tantos otros sectores en donde los gobiernos tecnocráticos desviaban recursos públicos para atender las exigencias de los amigos del gobierno en turno (generación eléctrica, gasoductos, carreteras, petróleo, bancos, cárceles, cártel de los medicamentos, concesiones mineras, de agua y un inagotable inventario).

Un caso concreto fue la construcción de hospitales privados con recursos públicos, y una vez concluidos –si en realidad sucedía– el gobierno anualmente estaba obligado a pagar una millonada a los empresarios involucrados en este tipo de asociaciones público-privadas, por medio de las cuales los únicos beneficiados, y con creces, eran los particulares, porque siempre el caldo salía más caro que las albóndigas y sin beneficio alguno para los derechohabientes.

En su momento, el ex presidente López Obrador denunció que “lo más indignante es que los dueños de las empresas beneficiadas eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres; se dio una profunda privatización silenciosa del sector salud que llegó a los medios de comunicación, porque de ahí salía dinero para todos, y había un pacto de silencio. No sólo eran las medicinas, los centros de salud abandonados, los hospitales rentados… A nueve hospitales (un caso de asociación público-privada) se tenía que pagar 150 mil millones de pesos (en 25 años), a razón de 6 mil millones anuales”, es decir, los particulares recibirían una cantidad exorbitante por lo que supuestamente invirtieron, aunque, en los hechos, los recursos los aportaba la banca de desarrollo, del Estado mexicano). Así de brutal y cínico el saqueo.

Ello, sin olvidar la denuncia del entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell: uno de los saldos negros del gobierno peñanietista fue el siguiente: 307 hospitales del Estado fueron abandonados durante la administración anterior por distintas razones, y más de la mitad de ellos se localizan en Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.

A este asalto a la nación se refirió la presidenta Sheinbaum durante la inauguración del Centro de Salud Docente con Servicios Ampliados de Santiago Astata, Oaxaca: el régimen neoliberal (de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, 36 años en total) fue un periodo terrible de la historia de México, durante el cual el objetivo fue privatizar los servicios de salud, hacerlos un negocio, que no fueran un derecho. Desde la época de Zedillo se descentralizaron los servicios de salud y al final lo que pasó es que no había recursos. El apoyo que se daba desde la Federación servía para armar unas corruptelas tremendas, sobre todo en la compra de medicamentos. Pero eso se acabó, dijo, porque en el régimen neoliberal sólo se enriquecieron a costillas de la nación, mientras presumían los enormes elefantes blancos que dejaron abandonados (Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar), siempre disfrazados de grandes obras para los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Demoledor el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, de la ONU: en casi una década han fallecido y desaparecido 9 mil 933 indocumentados en las rutas migratorias en la región de América; de ellas, 44.68 por ciento ocurrieron en la frontera México-Estados Unidos, seguido de los caribeños que intentaron llegar a territorio estadunidense, y la selva del Darién, entre Colombia y Panamá ( La Jornada, Jessica Xantomila y Jared Laureles). Todo por buscar un mejor nivel de vida.

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