a construcción presupuestal para 2025 tiene una estructura muy comprometida. Son conocidos ya los datos gruesos: ingresos y gasto público, en sus diferentes componentes, junto con la estimación del déficit fiscal y de la deuda. El gasto de 9.3 billones, superior en poco más de 2 por ciento al de 2024, lo que implica que es menor en términos reales, incorpora un incremento importante en las partidas destinadas al gasto social, de modo que solo podrá cumplirse con una disciplina férrea, denominada ejercicio racional, y reducciones en diversas partidas de capítulo 1000. Del lado de los ingresos se prevén ingresos presupuestarios que suponen un déficit de 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) e incorpora un endeudamiento público que llevaría los requerimientos financieros totales a 51 por ciento del PIB.
Dos supuestos relevantes en esta construcción son complicados: el crecimiento esperado del PIB de 2.5 por ciento y el tipo de cambio promedio estimado en 18.7 pesos por dólar. Las empresas de análisis económico y las calificadoras han señalado que parece muy poco probable que se alcance el crecimiento estimado y que es previsible que más bien se ubique alrededor de 1-1.5 por ciento. En cuanto al tipo de cambio, tampoco es previsible la paridad establecida que se piensa como más probable en 20 pesos por dólar. Estos dos supuestos son cruciales y el hecho de que no puedan lograrse implicará que los niveles de ingreso y de gasto público no se cumplirán.
Al incrementarse la paridad habrá efectos contrapuestos: el costo de la deuda en moneda extranjera aumentará en la medida en que la paridad se deteriore, pero los ingresos por las exportaciones de crudo y el saldo de la balanza turística aumentarán. El efecto combinado implica una situación en la que es probable que se presente una situación negativa. Del lado de los ingresos tributarios, un crecimiento menor del PIB provocará que las metas de captación de impuestos no podrán cumplirse de modo que no se alcanzará el nivel de ingresos previsto. En estas condiciones, el objetivo de consolidación fiscal de 3.9 por ciento no se podrá cumplir.
A estas dificultades es necesario agregar el efecto Trump. Es claro que muchas de sus amenazas no se cumplirán, pero es indudable que algunas las cumplirá muy rápidamente, como las deportaciones y la aplicación de aranceles a productos exportados desde nuestro país con un contenido de suministros chinos significativo. Además, a escala global también es previsible que haya cambios en la relación con la Unión Europea en relación a la guerra en Ucrania y con respecto al conflicto Israel-Palestina que generarán un ambiente económico negativo. Este panorama implica que los elementos de riesgos con implicaciones negativas se ampliarán.
A nivel interno, la implementación del proceso para elegir a los miembros del Poder Judicial seguirá generando enfrentamientos con diversos sectores económicos y, por supuesto, con la oposición. El planteamiento de que la oposición seguirá una senda de deterioro debe contrastarse con la posibilidad de que a mediano plazo surja una figura carismática en la derecha, tipo Milei, Bolsonaro, Meloni, etc. La victoria de Trump alentará en la oposición mexicana la aparición de un liderazgo mesiánico.
Este panorama, que tiene riesgos negativos muy evidentes, debe llevar a la consideración de que, aunque este 2025 pudieran alcanzarse apretadamente las cifras comprometidas en el paquete económico, la situación para los siguientes años será más complicada aún. El cumplimiento de las consignas del ejercicio presupuestal racional, que sin duda se cumplirán a rajatabla, no podrán seguir generando ahorros en los siguientes años. Consecuentemente es conveniente plantearse que el cumplimiento de los compromisos sociales implicará necesariamente mayores ingresos públicos. La política de contención del gasto está llegando a su límite.
El balance de riesgos es amenazador, pero el gobierno cuenta con un respaldo político que permite plantear acciones fiscales que le procuren al estado mexicano los recursos necesarios para que las responsabilidades sociales que están perfectamente establecidas sean atendidas. Además, la inversión pública que está planteada y que bien pudiera ampliarse, demanda recursos públicos para no comprometer la situación fiscal. La correlación de fuerzas permite una reforma fiscal que aumente sustancialmente la progresividad, llevándola a niveles como lo de países que son referentes pertinentes para nosotros. Las definiciones cada vez son más urgentes.
