A petición de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y con el voto en contra de la ministra Lenia Batres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de la controversia constitucional que interpuso en 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contra la reducción de sus salarios y de otras políticas de austeridad republicana impulsadas en el sexenio pasado.

En la sesión de ayer en el pleno se abrió el análisis del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien proponía declarar la invalidez de artículos que ponen tope a los salarios de funcionarios, entre ellos del Inegi, para que no rebasen la remuneración neta anual de la persona titular de la Presidencia de la República.

Sin embargo, la discusión de la controversia que impugna diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 no llegó a la discusión a petición de la ministra Ortiz Ahlf.

Quería solicitar al ministro ponente, Pérez Dayán, que si pudiera retirar el asunto de esta controversia, la 548/2023, en razón de que está vinculada con la 77/2021, que está pendiente de desahogarse las pruebas periciales en materia económica financiera y de administración salarial, las cuales son indispensables para determinar la validez de la cuantificación del salario de la Presidenta de la República como límite máximo de remuneraciones, explicó.

Al respecto, la ministra Batres se manifestó contra aplazar la discusión y dijo que parecía una maniobra dilatoria para no resolver el asunto, y con ello permitir que funcionarios sigan violando la ley al cobrar una remuneración neta mayor a la que hoy recibe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Quisiera dejar asentada mi oposición a que se retire el tema, pues ha estado en suspensión tres años, pareciera una estrategia de dilación para no resolver en el fondo. Yo sé que el caso de la controversia es una cosa o es respecto de las leyes y ésta es otra que tiene que ver con el presupuesto; entonces me opondría porque creo que el presupuesto se puede resolver por separado y aquí no tendríamos por qué seguir dilatando una resolución que, a todas luces, pues no corresponde o está permitiendo que se siga violentando la norma constitucional, indicó.

Pérez Dayán accedió a retirar su proyecto para analizar las citadas pruebas periciales y se discuta con la otra controversia similar presentada en 2021.

El pleno no fijó nueva fecha para discutir el asunto, pero la Corte está a menos de dos semanas de irse a receso y reanudar labores hasta enero próximo.